EscucharBuenos Aires. Los medios de comunicación argentinos, reunidos en asamblea general este viernes, expresaron su preocupación por el clima de “hostilidad” y “denigración” hacia la prensa desde hace varios meses bajo la presidencia de Javier Milei y temen que esto abra la puerta a la “violencia física”.
“La propensión del presidente al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático”, alerta en su informe sobre la libertad de prensa la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que agrupa a 180 medios, en su reunión anual en la ciudad de Posadas (Misiones, norte).
“Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística”, señala el texto.
La asociación contabilizó en los últimos dos meses más de 50 casos de periodistas y medios que sufrieron “imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes”.
El ultraliberal Milei, quien asumió en diciembre, acostumbra criticar a los medios o periodistas que no son amables con sus políticas y los cuestiona en sus discursos, entrevistas o a través de su cuenta de la red social X.
Adepa denunció, además, los “numerosos ataques a periodistas en coberturas de manifestaciones” en el último semestre y condenó “las agresiones sufridas por cronistas que recibieron heridas de balas de gomas de fuerzas policiales y golpes e insultos de manifestantes” durante una manifestación frente al Congreso en febrero.
Los medios argentinos instaron “a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente (asuman) la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa”.
Adepa consideró “preocupante” un decreto publicado a principios de septiembre que modifica una ley que desde 2016 garantiza el acceso a la información pública.
El decreto reduce notablemente el abanico de documentos considerados de interés público legítimo y multiplica las excepciones que puede invocar el Ejecutivo para no divulgar una información.
“Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de ‘máxima divulgación’”, escribió la asociación de periodistas en su informe. “La transparencia es la regla; el secreto, la excepción”.
