Guatemala. ACAN-EFE. Al menos ocho empresarios fueron detenidos el miércoles en Guatemala por su supuesta vinculación con el caso de corrupción La Línea , que ya causó la dimisión de la entonces vicepresidenta del país, Roxana Baldetti.
La portavoz del Ministerio Público (MP), Julia Barrera, confirmó que las autoridades realizaban varios operativos en la capital y en Izabal y que los detenidos son supuestos “empresarios importadores”, que serán trasladados a tribunales.
No precisó cuántas órdenes de captura se emitieron.
Según la Policía Nacional Civil, los ocho detenidos están acusados de los delitos de “cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera”.
La red criminal La Línea, que provocó la renuncia de Baldetti –el 8 de mayo– ingresó más de 500 contenedores de carga de manera ilegal al país, por lo que las autoridades calculan que obtuvo millones de dólares, aunque no se ha precisado la cantidad.
Hay 28 personas detenidas.
Baldetti dimitió casi tres semanas después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) desarticularan la red, que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades señalan como líder de la estructura de contrabando y defraudación aduanera a Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de Baldetti.
Ambos estaban en Corea del Sur cuando las autoridades destaparon el caso, pero Monzón no regresó a Guatemala y se le busca dentro y fuera del país.
La investigación de la estructura criminal empezó en mayo del 2014 e incluyó 66.000 sesiones de escuchas telefónicas.
En esas escuchas, los integrantes de la estructura criminal hablaban entre ellos de una persona a la que denominaban como “la R”, “la dos” o “la señora”, apelativos que se han relacionado a Baldetti.
La Cicig y la Fiscalía descubrieron lo que describen como “una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos que los debidos” a la hora de ingresar mercancía al país.
Para contactar con la estructura criminal, los importadores debían comunicarse con un número de teléfono conocido como “La Línea”.
Los empresarios que se unían a “La Línea” pagaban solo una parte del impuesto establecido en las aduanas gracias a la red, cuyos miembros coordinaban que la operación tuviera éxito en puertos del Pacífico y el Caribe guatemaltecos.
El director de la SAT en aquel entonces, Omar Franco, fue detenido el 16 de abril junto a su predecesor, Carlos Muñoz, además del director de Recursos Humanos, el jefe del sindicato y otras 19 personas, entre funcionarios de la misma entidad y civiles.
La estructura tenía como líderes intermedios a Francisco Javier Ortiz Aldana, conocido como el Teniente Jerez, y quien operaba desde una oficina bajo el nombre de “Boutique Emilio”, donde se repartían las ganancias y donde fueron decomisados más de $700.000, según las autoridades.
Al frente de la trama de corrupción, identificada como la “estructura externa superior”, supuestamente estaba Monzón Rojas.