Santiago. Las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Constitución de Chile, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, por una que establece mayores derechos sociales. Este es el escenario a una semana del plebiscito en el que se decidirá el tema.
Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción “rechazo” al frente de la intención de voto para el 4 de setiembre, con porcentajes que llegan al 56% y a una distancia del “apruebo” de entre 4 y 12 puntos. La votación tendrá lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país.
Sin embargo, las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos — de entre el 10% y el 15%—, y en las calles hay una marcada movilización ciudadana en favor del “apruebo”. El texto que se someterá a consulta fue escrito por una Convención Constituyente electa por votación popular, con paridad de género y escaños reservados a indígenas.
“Yo voto rechazo principalmente porque la idea de gestar (la nueva nueva Constitución) nació en un momento de mucha crisis en nuestro país; no fue una decisión tomada con objetividad”, dijo Luz Galarce, educadora de preescolar.
“Creo que con la forma en que la gente se manifestó mostramos el lado más oscuro de los chilenos: destruir por destruir”, agregó esta mujer de 53 años, residente del centro de Santiago, epicentro de las protestas de 2019 que llevaron al acuerdo político que abrió la vía a un posible cambio constitucional.
Pero Esteban Córdoba, un artista visual de 40 años, está a favor del nuevo texto, que a su juicio "abre una ventana, todavía no una puerta, para que nos convirtamos en una nación desarrollada".
“Toda Constitución debe renovarse cuando hay una necesidad de transformación en un país”, afirmó.
Propuestas polémicas
“El evento más probable es que gane el rechazo y la diferencia de ese resultado depende de cuánta gente vote y de quiénes voten”, explicó Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde el 2012 en que el voto será obligatorio y con pena de multa de no concurrir.
Según el académico, el avance del "rechazo" al nuevo texto constitucional se debe fundamentalmente a "problemas en ciertos contenidos" sobre la organización del Estado, y no tanto por el catálogo de derechos que establece, "en el que hay coincidencia de que hay un salto adelante".
La nueva Constitución busca modificar el actual Estado reducido, que prioriza la inversión privada, por un Estado de bienestar, con una batería más amplia de derechos fundamentales.
Entre las propuestas más polémicas están la "plurinacionalidad", o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios; la instauración de un Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial, con una justicia especial indígena; y el derecho al aborto.
‘Novedosa’ campaña de la derecha
Analistas explican la ventaja del “rechazo” por múltiples factores, entre ellos la fase de desaceleración de la economía y un ambiente político muy crispado, así como una exitosa campaña de quienes se oponen a la nueva Carta Magna.
“Han hecho una campaña novedosa en comparación con otras campañas de la derecha, si consideramos que el rechazo es básicamente la defensa del statu quo y mantener la Constitución” de Pinochet, dijo Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.
A su juicio, el mensaje fue dirigido al votante de centro, buscando "sembrar incertidumbre y temor respecto a la propuesta constitucional", más que en explicar su contenido.
Para Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales, si la nueva Constitución se aprueba en Chile, “va a marcar las pautas del constitucionalismo a nivel global, al menos en Occidente”.
“Hay varios expertos y personalidades del mundo político que están mirando el proceso constituyente chileno no necesariamente con temor a lo que pueda pasar acá, sino que también ver cómo se van a enfrentar temas fundamentales en la crisis climática y la crisis energética”, señaló.
El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto, seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), pero reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia.