Lima. La fiscalía de Perú allanó este martes la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo, en busca de un sobrino del mandatario, en una operación que incluyó el registro policial de inmuebles de otros 12 investigados por integrar una presunta organización criminal gubernamental.
“El Ministerio Público garantiza en todo momento los derechos e integridad física de las personas que se encuentran en los domicilios allanados hoy con autorización del Poder Judicial”, anunció la fiscalía vía Twitter al confirmar los allanamientos, aunque sin mencionar al familiar de Castillo.
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El presidente peruano protestó tras conocer la operación en la vivienda de su hermana en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, donde viviría su sobrino Gianmarco Castillo Gómez.
Castillo alegó que su madre, Mávila Díaz Terrones, de 77 años, se recuperaba ahí de una reciente intervención quirúrgica y responsabilizó a la fiscalía por su salud.
“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, tuiteó.
La madre del mandatario fue trasladada en una ambulancia a un hospital tras sufrir una descompensación, según medios. Castillo visitó a su madre por la tarde en el hospital.
La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud.
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 11, 2022
Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre.
“Respecto a la madre del presidente de la República, el fiscal a cargo de la diligencia ha propuesto y brindado todas las facilidades para su traslado a un centro salud”, tuiteó la fiscalía sin mayores detalles.
La operación de la fiscalía se realizó en forma simultánea en varias ciudades de Perú, con la participación de 200 policías y 60 fiscales y se inició al amanecer. La acción incluyó la detención preliminar por 10 días de cinco exasesores gubernamentales.
Entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas del partido Acción Popular, supuestamente coludidos con el gobierno.
Cuestionan allanamiento
“La diligencia ha sido ilegal. La pruebas que han sacado no tienen relación al hecho investigado”, dijo a la prensa el abogado Eduardo Pachas, defensor de Castillo. “La salud de la señora madre del presidente no ha sido respetada, estaba asustada, pensaba que la iban a detener”, manifestó.
Una decena de simpatizantes del presidente llegó con carteles “Fiscalía corrupta”, “Pedro el pueblo te respalda”.
“El propósito del allanamiento, en la que participan fiscales y efectivos de la policía, es recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas”, tuiteó la fiscalía.
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¿Castillo lidera red de corrupción?
La tesis de la fiscalía es que el mandatario izquierdista dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, integrada por su entorno familiar y político.
Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto, acusada de formar parte de dicha red.
Además de la cuñada también está preso José Medina, alcalde de Anguía, un pueblo de la región norteña de Cajamarca, de donde es oriunda la familia de Castillo. Según la fiscalía, la cuñada y el alcalde estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento.
La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David Paredes, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país durante tres años.
Castillo, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder. La fiscalía abrió seis pesquisas contra Castillo, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
En sus 15 meses en el poder, Castillo vive bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio del 2026, debido a sus fueros.