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Brasilia. Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes investigar las acusaciones vertidas por el recién dimitido ministro de Justicia, Sergio Moro, contra el presidente Jair Bolsonaro, de quien dijo que buscó “interferir” en investigaciones policiales.
El juez Celso de Mello dio a últimas horas del lunes un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro, un exjuez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes del gobierno.
Las conclusiones, que deben ser entregadas al fiscal general de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Según Celso de Mello, "los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República" parecen tener "íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial", lo que permite la investigación del mandatario.
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia.
Moro, uno de los ministros estrella del mandatario ultraderechista por su papel en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia después de que Bolsonaro destituyó al jefe de la PF, un órgano de investigación que depende del Ministerio de Justicia.
Después de sus declaraciones, Moro presentó a la televisión un intercambio de Whatsapp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la PF. Según medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con Bolsonaro.
En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar al STF a llevar a cabo la investigación. Y si esta confirmara las sospechas, corresponderá nuevamente al Congreso abrir un proceso de impeachment (destitución).
En el 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer, y en ambos casos la solicitud fue rechazada por la Cámara.
División política
Estas tensiones se producen en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, con fuertes críticas de Bolsonaro a gobernadores que aplican medidas de aislamiento social que a sus ojos paralizan la economía.
Una encuesta publicada este lunes por la noche muestra división de opiniones sobre el futuro de Bolsonaro. Un 45% de los brasileños opina que el Congreso “sí debería” abrir un proceso de impeachment contra el mandatario, frente al 48% que opina lo contrario, indico el estudio de Datafolha, publicada por el diario Folha de S. Paulo.
Sin embargo, el mandatario, que es objeto desde hace semanas de sonoros cacerolazos de rechazo en varias ciudades, sigue teniendo una base de apoyo estable en relación a diciembre del año pasado. Un 33% de los brasileños considera que su gobierno es bueno o muy bueno, frente al 30% de diciembre. El porcentaje de quienes consideran al gobierno regular bajó de 32% a 26% y el que lo califica de malo o pésimo pasó de 36% a 38%.
La encuesta fue realizada el lunes, con 1.503 personas interrogadas por teléfono. Su margen de error es de tres puntos porcentuales.
En los bastidores, el cambio de director de la Policía Federal es visto como un intento de Bolsonaro de controlar investigaciones que cercan a su familia y a aliados políticos.
Bolsonaro nombró este martes a un abogado de perfil moderado, André Mendonça, como nuevo ministro de Justicia, y a un amigo de su familia, Alexandre Ramagem, al frente de la Policía Federal (PF), que investigará denuncias en su contra.
Una de las investigaciones que rondan a Bolsonaro o a su entorno, abierta en marzo del 2019, evalúa campañas de noticias falsas para amenazar o calumniar a jueces del STF que contrariaron proyectos del jefe de Estado, como la liberalización del porte de armas, por ejemplo.
Otra, incoada por Aras el 21 de abril, investiga una manifestación realizada en Brasilia por partidarios de Bolsonaro que pedían una intervención militar. El propio jefe de Estado, un admirador de la dictadura militar (1964-85), fue a saludar a los participantes en ese acto.
