Miembros del senado de los Estados Unidos mostraron preocupación por los ataques de la administración de Nayib Bukele en contra de altos funcionarios estadounidenses, en medio de la erosión en las relaciones diplomáticas de ambos países.
Durante la comparecencia del próximo embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, ante el senado, dos legisladores estadounidenses denunciaron que hay ataques de Bukele contra Washington, más específicamente en contra de dos altas funcionarias: la congresista demócrata Norma Torres y la exembajadora Jean Manes.
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El senador demócrata Robert Menéndez aseguró que “Bukele ha usado su red de troles para atacar no solo a críticos de su Gobierno en El Salvador, sino también a funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo a mi colega en la Cámara de Representantes, la congresista Norma Torres. Es increíble lo que está haciendo en contra de funcionarios de Estados Unidos, incluyendo a la exembajadora Jean Manes”, y cuestionó a Duncan si se compromete a priorizar estos temas en sus discusiones con Bukele y sus funcionarios.
El embajador calificó estos ataques como “absolutamente inaceptables” y dijo ante los senadores que si era confirmado estaba dispuesto a hacer saber ese descontento ante el Gobierno salvadoreño.
El senador republicano Marco Rubio aseguró que Bukele se ha “burlado” abiertamente del Gobierno estadounidense y de las instituciones occidentales, y al mismo tiempo sostiene negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el mayor accionista es Estados Unidos.
Relación desgastada
La relación entre Estados Unidos y El Salvador está “desgastada”, pues desde que Bukele asumió el poder la posición del Gobierno estadounidense no se hizo esperar. Sin embargo, los choques entre ambos gobiernos se hicieron sentir más aún con la entrada del régimen de excepción, que permite capturar a cantidades masivas de pandilleros en el país centroamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, le llamó la atención a Bukele por sus acciones en contra de los colectivos criminales y urgió que se respetaran los derechos humanos, en abril anterior.
“Podemos abordar el tema de los delitos de violencia, pero también tenemos que proteger los derechos humanos y la libertad de prensa. Estos no son conceptos contradictorios”, afirmó Blinken, en esa ocasión.
A esto se le suman las investigaciones de Washington que constataron, en diciembre del 2021, que el director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín y Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director de Centros Penales, trataban con los altos mandos de las pandillas MS-13 y del Barrio-18. Por lo que, desde finales del año anterior ambos están en “la lista negra” de Biden.
Desde ese entonces, ambos funcionarios vieron los efectos de la sanciones aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky. Sus activos en Estados Unidos fueron congelados y se les prohibió realizar cualquier transacción a través del sistema financiero estadounidense.
También a finales del 2021, a Administración de Biden también castigó a Martha Carolina Recinos, jefa de Gabinete del mandatario por dirigir “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”. Según el Gobierno estadounidense, Recinos lideró una estructura que infló contratos y desvió fondos durante la pandemia para beneficio económico suyo y de otros asesores de Bukele, quien tildó de “absurdas” las acusaciones contra la funcionaria.
En setiembre del 2021 la potencia norteamericana también tomó acciones contra El Salvador e incluyó en su lista de personas corruptas a cinco magistrados salvadoreños por “socavar la democracia” e “interpretar la Constitución” de manera que Bukele pudiera presentarse a la reelección.