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Washington. El expresidente de Cuba Raúl Castro y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por someter a condiciones de “esclavitud” a trabajadores cubanos en el exterior, médicos en su mayoría, anunciaron este martes las entidades que presentaron el caso.
La asociación Cuban Prisoners Defenders (CPD) y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) radicaron la semana pasada la denuncia ante la Fiscalía de la CPI, que ya acusó recibo formal de la petición, dijo Javier Larrondo, fundador de CPD, en conferencia de prensa en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además de Castro y Díaz-Canel, señalados como máximos responsables, fueron denunciados por cometer "crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos" los ministros cubanos José Ángel Portal (Salud), Rodrigo Malmierca (Comercio Exterior), Bruno Rodríguez (Relaciones Exteriores) y Margarita González (Trabajo).
Larrondo, cofundador y representante para la Unión Europea (UE) de Unpacu, dijo que la denuncia también fue remitida a diversos comités y organismos de las Naciones Unidas, en particular a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ridícula “Conferencia de Prensa”montada por #OEA y su Sec Gral para calumniar a #Cuba y demeritar su cooperación solidaria. Contribución a la humanidad de nuestros profesionales de la salud es invaluable. El amor de los pueblos es la mayor recompensa. Basta de mentiras #SomosCuba
— Rogelio Sierra Díaz (@RogelioSierraD) May 14, 2019
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que acogió la conferencia en el marco de su ofensiva lanzada en diciembre pasado para dar "visibilidad" sobre la "dictadura" cubana, advirtió sobre la normalización de un modelo que constituye una "sistemática violación" de los derechos humanos.
"Decenas de miles de personas son obligadas a vivir en el exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia y la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano", dijo. "Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune".
Desde La Habana, el vicecanciller Rogelio Sierra tildó de "ridícula" la rueda de prensa "montada" en la OEA "para calumniar a Cuba y demeritar su cooperación solidaria".
La "contribución a la humanidad de nuestros profesionales de la salud es invaluable. El amor de los pueblos es la mayor recompensa. Basta de mentiras", escribió en Twitter.
Los servicios médicos son la principal fuente de ingresos de Cuba, con unos $11.000 millones anuales, más que el turismo y las remesas, según datos oficiales.
Pero esta cifra ha disminuido en los últimos años debido a la crisis en Venezuela, donde trabajan unos 20.000 profesionales de la salud, y al fin del programa "Más Médicos" en Brasil, tras las virulentas críticas del presidente Jair Bolsonaro.
La demanda presentada ante la CPI refiere a las llamadas "Misiones de internacionalización" implementadas por La Habana desde los años 1960, por las cuales profesionales, muchos de ellos médicos, son enviados por periodos de tres años a trabajar en diferentes países, que pagan directamente al gobierno cubano por los servicios recibidos.
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Estas misiones, "lejos de tener un interés filantrópico y/o de intercambio cultural, como se ha venido defendiendo desde el gobierno de Cuba, suponen la necesidad económica más relevante para la supervivencia económica del régimen", indica el documento de 350 páginas divulgado por Larrondo, que cifró en $8.000 millones los ingresos anuales brutos por este "negocio", el principal de la isla.
Cuba, bajo mandato comunista desde 1959, impone severas condiciones a los participantes, quienes no se suman voluntariamente, apunta la denuncia.
El texto detalla "sometimiento, control y medidas represivas" por parte de las autoridades, así como retención de al menos 75%, y hasta 89%, del salario de los profesionales, separación familiar forzada, amenazas, acoso sexual, violencia "frecuente", adoctrinamiento político y obligación de hacer proselitismo.
Cuba no es firmante del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, que entró en vigencia en el 2002, pero los demandantes aseguran que la Corte tiene jurisidicción sobre los crímenes de lesa humanidad que atribuyen a las autoridades cubanas, porque éstos ocurrieron y ocurren en países que sí son miembros.
En los últimos tres años, al menos 58 Estados Parte del Estatuto de Roma acogieron "misiones" cubanas, de acuerdo con la demanda.
La gran mayoría son latinoamericanos, africanos y caribeños, pero también hay cinco de la UE (España, Italia, Portugal, Suiza y Malta).
Según los más de un centenar de testimonios recabados para la demanda, las “misiones” están compuestas por entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles cubanos anuales (médicos, profesores, ingenieros, marinos, deportistas) y tienen lugar en un total de entre 65 y 100 países cada año.
