Ginebra. La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió este lunes al gobierno de Nicaragua que cese la “persecución” contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, en aumento a medida que se acercan las elecciones del 7 de noviembre.
“Resulta imperativo que el gobierno (de Nicaragua) vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, subrayó Bachelet en la sesión 48 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La expresidenta chilena reclamó además al gobierno del presidente Daniel Ortega que “libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas” aún desde las manifestaciones que estallaron en abril del 2018 y que dejaron más de 300 muertos.
Bachelet señaló que "se han intensificado los ataques a la libertad de expresión", lo que ha llevado a que varios periodistas salieran de Nicaragua "para buscar protección".
"Mi oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizados más de 30", precisó.
Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, se postula para un cuarto mandato sucesivo sin rivales que pongan en riesgo su propósito.
Un total de 36 opositores y críticos del gobierno han sido detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
Bachelet señaló que el tribunal electoral “arbitrariamente” inhabilitó al partido Ciudadanos por la Libertad, que lideraba una alianza opositora contra la reelección de Ortega; así como también el cierre de ONG, varias de ellas internacionales, y las amenazas contra líderes indígenas.
En este contexto, la Fiscalía acusó y pidió el pasado jueves detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al acusarlo de actos que "incitan al odio" y "conspirar" contra la soberanía, lo que él, quien se encuentra en Madrid, denuncia como "persecución" de una "dictadura".
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"Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua", insistió Bachelet, al exigir que no queden en "impunidad" las "graves violaciones de derechos humanos" en ese país.
Las acciones contra la oposición, la prensa y la sociedad civil le han valido al gobierno nicaragüense críticas y sanciones de parte de la comunidad internacional.
Denuncia ‘intimidación y criminalización’ de activistas en Venezuela
Bachelet también denunció la “intimidación y criminalización” de activistas en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, destacó la expresidenta chilena en un informe sobre la situación del país sudamericano.
Bachelet reiteró un “llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente” y destacó que “152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020”, a través de mecanismos de cooperación con su oficina, que mantiene presencia en Venezuela desde hace dos años.
“Doy la bienvenida a la absolución de Braulio Jatar”, añadió, en relación al periodista chileno– venezolano detenido en 2016 en un clima de protestas contra el gobierno y absuelto de supuestos crímenes de lavado.
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Un total de 262 personas están detenidas por razones políticas en Venezuela, según Foro Penal, ONG defensora de derechos humanos.
La Cancillería venezolana rechazó “las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir” al país.
“Venezuela ratifica que continuará cooperando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”, añadió el texto.
Bachelet señaló que la presencia de su misión se extenderá otro año tras la renovación de la Carta de Entendimiento con el gobierno.
Saludó “los esfuerzos realizados por el gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia”, que a su juicio agravó la crisis humanitaria en el país junto con las sanciones económicas, que pidió levantar.
Indicó además que confía en que el proceso de diálogo que sostienen en México el gobierno de Maduro y la oposición “pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”.
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