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Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, electo con un programa de lucha contra la corrupción, afirmó este miércoles que “acabó” con la megaoperación Lava Jato, que mandó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios, “porque ya no hay más corrupción en el gobierno”.
“Es un orgullo, una satisfacción, decir a esa prensa maravillosa que yo no quiero acabar con el Lava Jato. Yo acabé con el Lava Jato, porque no hay más corrupción en el gobierno”, dijo el mandatario ultraderechista, ironizando críticas recientes por su distanciamiento con uno de sus pilares iniciales de apoyo.
Sus palabras fueron celebradas con risas y aplausos por decenas de ejecutivos y funcionarios que participaron en un acto de anuncio de medidas de apoyo a la aviación civil, en el palacio presidencial en Brasilia.
Bolsonaro es actualmente blanco de críticas de muchos de sus aliados de primera hora por haber designado al juez Kassio Nunes Marques para ocupar una vacante en la corte suprema. Nunes Marques cuenta con el beneplácito de partidos tradicionales identificados con grandes escándalos de corrupción.
Al asumir el poder en enero del 2019, Bolsonaro nombró como ministro de Justicia al juez Sergio Moro, figura emblemática del Lava Jato, que condenó a la cárcel a figuras del primer plano de la política, como el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Pero el idilio duró poco y Moro renunció al cargo en abril de este año, denunciando tentativas de Bolsonaro de interferir en investigaciones de la Policía Federal.
El mandatario se vio en los últimos meses a la defensiva por investigaciones sobre uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, por un supuesto esquema de desvío de dinero en su gabinete cuando era legislador regional de Rio de Janeiro.
El mes pasado, la Fiscalía aceptó prorrogar, pero solo hasta el 31 de enero de 2021, la misión del principal equipo de investigadores del Lava Jato, basada en Curitiba (sur).
La operación Lava Jato ganó prestigio al descubrir una enorme trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la empresa estatal Petrobras.
Pero sus adversarios, tanto juristas como políticos, de derecha y de izquierda, le reprochan haber debilitado la garantía de presunción de inocencia, de haber provocado el estallido del sistema político que favoreció la victoria de Bolsonaro y de haber arruinado a empresas que garantizaban miles de empleos.
