Al término de su visita de una semana al gigante suramericano, Macaulay calificó de “atrocidad” las declaraciones sobre seguridad de Bolsonaro, y reconoció la preocupación de la Comisión por el futuro de las comunidades más vulnerables de Brasil a partir del próximo 1°. de enero, cuando el excapitán del Ejército asuma el poder.

Nostálgico declarado de la dictadura militar (1964-1985), Bolsonaro propone blindar jurídicamente a los policías en ejercicio de su actividad, en un país donde ya es raro que los agentes se expongan a sanciones por eventuales abusos. “Si uno de nosotros, civil o soldado es atacado (...) y dispara 20 veces sobre el atacante, debe ser condecorado y no ir a la Justicia”, lanzó en agosto en Río de Janeiro.

"Pensamos que es una atrocidad que cualquiera, especialmente alguien que está en el más alto poder del país, pueda decir algo así, y esperamos que sea solo una declaración", deseó Macaulay.

Sin embargo, las palabras de Bolsonaro no tardaron en ser retomadas por el gobernador electo de Río de Janeiro, el ultraderechista Wilson Witzel, que ya propuso el despliegue de francotiradores para matar a personas que porten fusiles en las favelas de la ciudad.

"Eso no puede ser serio, así lo vemos nosotros. Es tan extremo que no podemos permitir que suceda", valoró la presidenta de la CIDH.

Diputado durante 27 años, Bolsonaro alcanzó la fama nacional debido a una retórica exaltada, nutrida de comentarios machistas, racistas y homófobos, con la que se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 55% de los votos hace dos semanas, frente al izquierdista Fernando Haddad.

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"Estamos preocupados por esas declaraciones que nosotros en la comunidad internacional de los derechos humanos designamos como claros discursos de odio", añadió Macaulay.

Además, la presidenta de la CIDH afirmó que el organismo ya considera la “impunidad en relación a ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales y detenciones ilegales” como algunos de los mayores abusos a los derechos humanos en Brasil.

"La impunidad relacionada con la violencia contra las mujeres y contra los afrodescendientes e indígenas" es otra de las grandes preocupaciones de la comisión.

Según el último Anuario Brasileño de Seguridad Pública, 5.144 personas murieron durante intervenciones policiales en el 2017, una media de 14 por día, lo que implica un aumento del 20% respecto al año anterior.

Más recursos para protección

El comisionado de la CIDH Francisco Eguiguren urgió al gobierno brasileño a proporcionar mayores recursos a la Funai, el organismo nacional que protege los derechos de los indígenas.

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"Esta incertidumbre respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas, su acceso a la tierra y al territorio, es utilizada por grupos económicos, latifundistas, y sus grupos armados, precisamente para aprovechar, impresionar, hostigar o desalojarlos", denunció.

Los pueblos originarios brasileños llevan décadas reclamando el reconocimiento oficial de sus tierras ancestrales para protegerlas de los especuladores, en su batalla contra el poderoso sector del agronegocio.

"La Funai es muy débil, no tiene recursos económicos ni humanos" para presionar por los reclamos de los indígenas, lamentó Eguiguren.

Resumiendo el informe de la CIDH, la comisionada Antonia Urrejola afirmó que Brasil “no ha logrado abordar y resolver sus principales deudas históricas con la ciudadanía: el problema estructural de desigualdad y discriminaciones profundas, de las cuales se destacan la discriminación racial y la social”.

Factores que, según explicó, dejaron los derechos humanos en el gigante sudamericano en una situación “crítica”.