Madrid. Cinco independentistas catalanes, electos en los últimos comicios legislativos, salieron temporalmente de su prisión este martes para acudir como nuevos parlamentarios a las sesiones constituyentes del Congreso de los Diputados y el Senado españoles.

Estos cuatro diputados y un senador escogidos en las elecciones del 28 de abril podrían ver a la prisión si las dos cámaras deciden rápidamente la suspensión de sus cargos al estar siendo juzgados por el intento de secesión de Cataluña en el 2017.

“La suspensión es obvia”, dijo Carmen Calvo, número dos del gobierno saliente del socialista Pedro Sánchez, quien ganó los comicios aunque sin obtener la mayoría absoluta.

"Están en prisión preventiva (...) no pueden ejercer su cargo", insistió la vicepresidenta.

Aun así, su presencia en las Cortes eclipsó la elección de dos catalanes, Meritxell Batet y Manuel Cruz, ambos socialistas, para presidir las dos cámaras parlamentarias, algo insólito en la historia de España.

Encarcelados en las afueras de Madrid, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva llegaron en vehículos policiales a las Cortes (Parlamento), a las cuales ingresaron por primera vez 24 diputados del partido de extrema derecha Vox.

El jefe de filas de esta, Santiago Abascal, que hizo emerger una ideología residual en España tras el fin de la dictadura en 1975, hizo notar su presencia ocupando los bancos del grupo socialista, justo detrás de Pedro Sánchez.

Respeto a la Constitución, pero...

Entraron al Congreso y el Senado entre aplausos de sus compañeros de filas, los cinco parlamentarios catalanes juraron respetar la Constitución, aquella que supuestamente habrían violado.

Los separatistas lo hicieron con fórmulas evasivas, matizadas o incluyendo llamados a la libertad de sus dirigentes, contestadas por abucheos o golpes sobre la mesa de diputados contrarios al independentismo, especialmente los de Vox.

"Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo", dijo Oriol Junqueras en el Congreso, casi silenciado por el ruido de la oposición.

Antiguo vicepresidente del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica, Junqueras es el principal acusado del juicio en curso en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía reclama para él 25 años de cárcel por rebelión y malversación.

“Nos quieren silenciados y apartados, y las urnas nos han vuelto a dar voz”, manifestó Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), en una entrevista a la AFP escrita desde la cárcel en los días previos.

En prisión preventiva desde hace más de un año, los cinco independentistas obtuvieron el lunes un primer permiso del Tribunal Supremo para registrarse en las cámaras parlamentarias.

¿Los suspenderán?

La decisión de suspenderlos o no recaerá en las mesas de dirección de ambas cámaras, cuyos integrantes son escogidos este martes.

Esta suspensión puede tener importantes consecuencias políticas para Pedro Sánchez.

Si los cuatro diputados independentistas fueran suspendidos y no cedieran su escaño a un sustituto, el listón de la mayoría absoluta caería automáticamente y el respaldo de los separatistas sería prescindible para los socialistas.

“Sería un atentado a la democracia”, consideró Junqueras.

Un año y medio después del intento de secesión, la peor crisis política vivida por España en 40 años de democracia, el asunto sigue siendo explosivo.

A su llegada al poder en junio del 2018, tras tumbar con una moción de censura al conservador Mariano Rajoy, Sánchez apostó por dialogar con los dirigentes catalanes.

La oposición de derechas se muestra especialmente hostil con este intento de acercamiento, reclamando la suspensión de la autonomía de esta región todavía dirigida por los independentistas.

Estos últimos, que consideran a sus dirigentes encarcelados como "presos políticos", le dan una de cal y una de arena.

ERC se dice abierta a negociar, pero reclama un referendo de autodeterminación , que Madrid rechaza e impidió la presidencia del Senado del socialista catalán Miquel Iceta, el candidato predilecto de Sánchez.

Los socialistas respondieron no con uno, sino dos catalanes para las dos cámaras parlamentarias: el filósofo Manuel Cruz para el Senado y Meritxell Batet, hasta ahora ministra encargada de la política regional, para el Congreso.