Soyapango. Una ama de casa salvadoreña, con mirada desconfiada, acaba de ejercer su voto en La Campanera, antiguo bastión de la pandilla Barrio 18. Respira aliviada al notar que ya no hay muertes en su barrio, aunque prefiere mantener su identidad en reserva: “Todavía hay miedo”, asegura.
“Existe un remanente de pandilla aquí, están presentes las mamás, los papás, hermanos, primos, esposas, hijos, hijas, y ellos mantienen esa mentalidad (de pandilleros)”, comenta a esta agencia una mujer bajita de 53 años, tras votar en la escuela local, que luce pintada de azul y blanco.
Reside desde hace 30 años, con su esposo y dos hijos, en La Campanera, un populoso suburbio en la ciudad de Soyapango, en la periferia este de San Salvador, cerca de donde la Barrio 18 asesinó al fotógrafo francés Christian Poveda en setiembre de 2009.
La mujer, que lleva un suéter debido al aire fresco de la mañana, explica que se siente segura cuando los soldados patrullan la zona. “Pero cuando ellos no están, todo cambia”, asegura.
Bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, miles de militares y policías han rodeado barrios enteros como parte de la “guerra antipandillas” del presidente Nayib Bukele, quien es el gran favorito para ganar la reelección este domingo gracias a su política de seguridad.
En La Campanera, un barrio con una sola calle de ingreso y salida que antes estaba totalmente controlado por pandilleros, ya no se encuentran grafitis de la Barrio 18 en los muros de sus pequeñas casas de ladrillo de concreto.
Los primeros en votar allí fueron 12 soldados encargados de vigilar las 24 horas del día en el lugar.
Antes de que Bukele lanzara la “guerra” contra las pandillas, La Campanera era considerada por las autoridades como una de las zonas más peligrosas de la capital. Los barrios del frente estaban controlados por el grupo rival, la Mara Salvatrucha (MS-13).
Confianza en la seguridad
En La Campanera, rodeada de cerros con vegetación, algunos decidieron abrir pequeños negocios confiados en que Bukele será reelegido y continuará con el régimen de excepción que impuso para combatir la delincuencia.
Sandra Burgos, de 68 años, es una de ellas. Hace tres meses abrió una pequeña librería, con la que se mantiene económicamente.
“Antes era feo, pero hoy estamos bien, salimos (...), antes no se podía”, dice Burgos, al recordar que antes del régimen de excepción temían dejar sus casas y encontrarse con los pandilleros que se apostaban en los pasajes del lugar.
Muy cerca de la librería, Lucía Alvayero, de 46 años, prepara tortillas de maíz que cocina en una plancha caliente.
Alvayero acaba de votar y, con una sonrisa en el rostro, asegura que sabe que “el presidente Bukele es el que va a ganar”, ya que considera que lo hecho hasta el momento por el gobernante “está bien”, especialmente en materia de seguridad.
En 2023, el país registró una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes, la más baja en las últimas tres décadas.
“Hoy que el presidente Bukele tomó la decisión de poner un régimen de excepción, estamos bien, (y esperamos que continúe) hasta donde sea necesario”, sostiene Alvayero, bajo la sombra de un árbol de almendro.
“Muchas personas piensan que es una dictadura, pero no es una dictadura”, añade.
Calibrando el régimen
Sentado en un banco de un negocio de comida callejera en La Campanera, Mario Delgado, a pesar de estar “a favor” del régimen de excepción, considera que esta medida está afectando a personas que no tienen culpa.
Con el régimen, “también se han violado los derechos de los que no somos mañosos (ladrones)”, asegura el hombre, vestido con pantalones cortos y una camisa a rayas.
Para este jubilado de 68 años, de voz ronca y fuerte, es necesario “evaluar” el tema de los derechos humanos. “Hay niños que se están quedando sin sus papás porque los están llevando presos”, afirma.
Más de 75.000 personas identificadas como pandilleros fueron arrestados bajo ese régimen, que permite detenciones sin orden judicial y que fue criticado por grupos de derechos humanos. Unos 7.000 fueron liberados por ser inocentes.