EscucharBogotá. Uno de los conflictos más crueles de América comenzó a extinguirse hace cinco años. Colombia recordó este miércoles el pacto de paz que hizo posible el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con un encuentro entre protagonistas y críticos en presencia del jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por primera vez coincidieron en un mismo escenario los firmantes de la paz, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, representantes de las víctimas y el presidente Iván Duque, quien sin éxito trató de modificar el acuerdo por considerarlo benevolente con los guerrilleros implicados en delitos atroces.
La presencia del mandatario cargó de simbolismo el acto que se llevó a cabo en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los peores crímenes de un conflicto que en medio siglo deja nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos. “Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto, la comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza”, dijo Rodrigo Londoño, el excomandante de las extintas FARC.
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También conocido como Timochenko, Londoño renovó el compromiso de los 13.000 hombres y mujeres que se mantienen fieles a los acuerdos de paz tras entregar los fusiles, pese a la violencia contra los excombatientes. Casi 300 han sido asesinados desde el 2016. “Nada ni nadie podrá minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”, sostuvo el también presidente de Comunes, el partido de izquierda que surgió del desarme.
En su intervención, el expresidente Juan Manuel Santos, quien obtuvo el Premio Nobel de Paz por sentar en la mesa de negociaciones a una guerrilla a la que había golpeado militarmente, ofreció un balance “positivo” de los cinco años del convenio que firmó junto a Londoño. “El tren de la paz que tantos y tantas han querido descarrilar o detener sigue su curso, sigue avanzando”, afirmó Santos, antes de saludar con “satisfacción” el gesto de Duque, uno de sus mayores adversarios políticos.
En esencia, el acuerdo permitió que una fuerza de origen campesino levantada en armas bajo el influjo del comunismo, en plena Guerra Fría, entregara sus fusiles a cambio de poder ejercer la política. Asimismo, contiene reformas políticas y agrarias, pues la propiedad de la tierra estuvo en el origen de la guerra interna, además de fórmulas contra el narcotráfico, que en teoría deberán terminar de concretarse hasta el 2031.
El aviso de la ONU
Aunque redujo sensiblemente la violencia, el pacto con las antiguas FARC no apagó por completo el conflicto. El narcotráfico y la minería ilegal alimentan a nuevas o antiguas fuerzas que, según estimaciones independientes, reúnen a 10.000 combatientes. En puntos alejados de las grandes capitales han sido asesinados excombatientes, indígenas y activistas de derechos humanos.
Cinco años después, el acuerdo sigue siendo motivo de profunda división. Poco más del 50% de los colombianos se opuso en un plebiscito al texto negociado por cuatro años en Cuba, lo que obligó a las partes a hacer ajustes antes de suscribirlo con el apoyo de Naciones Unidas.
Como lo hiciera la víspera, el jefe del organismo volvió a advertir sobre los “riesgos para la paz” que encarnan “los grupos armados en conexión con el narcotráfico”. “No es tarde para revertir esta tendencia concentrando todos los esfuerzos en los lugares en donde la violencia es más intensa”, señaló Guterres, renovando “el pleno apoyo” de la ONU.
Por su parte, el presidente Duque abogó por una “verdad total” y “no adaptada” para las víctimas. Blanco frecuente de las críticas de la derecha que representa Duque, la JEP prepara las primeras sentencias contra el antiguo mando rebelde por más de 21.000 secuestros. También juzga a militares por 6.400 ejecuciones de civiles que fueron presentados como caídos en combate para inflar sus resultados en la lucha contraguerrillera.
El acuerdo de paz establece que quienes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a la cárcel. De lo contrario, se exponen a penas de hasta 20 años.“Todos los aquí presentes queremos ver una justicia efectiva, oportuna y real”, insistió Duque.
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