EscucharLa Paz. Unos aseguran que es presa política; otros la acusan de golpista. El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por un supuesto golpe de Estado en el 2019 contra su predecesor, Evo Morales, arrancó este jueves en medio de controversias.
La derechista de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles, es juzgada junto a ocho exmilitares.
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Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre del 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo... con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión”, aseveró el martes la exmandataria, quien gobernó entre el 2019 y el 2020, en una carta que firmó como “presa política”.
Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”. Tras la apertura de la audiencia virtual, hacia las 10:00 a.m. (hora local), Guillén se quejó por problemas en el audio.
“Hay problemas de conexión”, indicó el defensor, quien solicitó que se haga de manera presencial este juicio, en el que están citados a declarar 76 testigos. La Fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al considerar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas.
Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban decenas de partidarios de la expresidenta, encabezados por su hija Carolina Ribera, constató un periodista. El martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra.
Dos procesos
La otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales. Según Guillén, “se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho”, algo que viola un principio general del derecho.
Además, destacó que “no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”. Enfatizó que no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta y que en cambio debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los demandantes —el gobierno izquierdista, la fiscalía y el Congreso— argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario. “Este es un juicio político que está llevando adelante el actual gobierno del presidente Luis Arce”, sostuvo el politólogo Carlos Cordero, de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.
“Es una manera de establecer una sanción política a quienes se atrevieron a ser adversarios en un momento de crisis del Movimiento al Socialismo (MAS)”, el partido de Morales y Arce, concluyó. La exmandataria también fue señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre del 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de “masacres”. Aunque a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria. El informe también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
Del sillón presidencial a la cárcel
En octubre del 2019 Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país.
Quienes debían sucederlo renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta, y el presidente de la cámara de diputados. En medio de un vacío de poder finalmente asumió Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado.
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El parlamento, que estaba controlado por el MAS de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Éstas se celebraron en octubre del 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Arce, delfín de Morales.
Áñez dejó el poder en noviembre del 2020 y en marzo del 2021 fue detenida. La expresidenta fue finalista del premio Sájarov de defensa de los derechos humanos y de libertad de pensamiento, que entrega el parlamento europeo, pero finalmente éste fue otorgado al opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni.
