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Tegucigalpa. La policía Marbella Pinot aprovechó que el 24 de febrero no trabajaba y viajó a la capital para cumplir algunas diligencias. Tomó un “rapidito”, como llaman a un nuevo sistema de transporte más seguro que los viejos autobuses Blue Bird, donde los asaltos ocurren a diario.
La buseta transitaba por el bulevar Suyapa, cerca del Estadio Nacional, cuando un motociclista se detuvo en frente y pidió al chofer que se hiciera a un lado de la vía. Se subió al automotor y, sin decir nada, le disparó en cuatro ocasiones a Pinot, que murió sobre el asiento.
En la colonia Rafael Callejas, una ladera llena de techos oxidados, viven las cuatro hijas de Pinot. Las dos mayores, de 19 y 17 años, ya tienen un hijo; la tercera dará a luz en cinco meses. Aún no saben quiénes mataron a su madre y menos las razones del homicidio, algo normal en este país donde el 98% de los casos quedan impunes.
A grandes rasgos, esa es la historia detrás de uno de los 20 homicidios que suceden a diario en el país más violento del mundo que no está en guerra. Hasta junio de este años, 3.547 personas habían sido asesinadas, según datos del Observatorio de la Violencia .
Historias como la de Pinot se extienden por toda la ciudad. “Ya uno no tiene seguridad ni de salir de la casa. Yo estudiaba en la noche y una vez en la zona de mercados fui víctima de un asalto y una golpiza. Gracias a Dios no me mataron, pero eso es algo normal aquí. Uno se acostumbra”, dice Junior David, mecánico industrial de 32 años.
Tegucigalpa, la capital más violenta del mundo, es una urbe de temor. La mayoría de autos circulan con los parabrisas polarizados, incluso los frontales. En las entradas de los comercios, desde farmacias hasta restaurantes, suele haber guardas con una AK-47 .
La extorsión está más viva que nunca. Los dueños de taxis y autobuses, y la mayoría de negocios en la capital deben pagar el “impuesto de guerra”, como se conoce al dinero que cobran las maras a cambio de no quitarles la vida y protegerlos de otras bandas.
Ese impuesto ha llegado incluso a algunas escuelas y viviendas, y hasta candidatos denuncian que les cobran para poder hacer actos de campaña en ciertas colonias.
Los soldados en la mira. De cara a las elecciones del 24 de noviembre, los candidatos se refieren una y otra vez a la inseguridad, que junto con la pobreza y el desempleo son los problemas que más preocupan a los hondureños.
Los aspirantes se mueven en dos frentes: mantener a los soldados en la calle, como policías, o darles solo funciones de defensa nacional y abrir una “policía comunitaria”.
El impulsor de la primera iniciativa es el candidato del Partido Nacional (oficialista), Juan Orlando Hernández, quien promovió, como presidente del Congreso, la nueva Policía Militar. Este órgano lo componen 5.000 hombres seleccionados entre el Ejército que patrullan las zonas “calientes” de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más peligrosas del país.
“Voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle la paz a Honduras”, dice en un anuncio Hernández, que advierte una y otra vez sobre el “odio” que sus rivales Libertad y Refundación (Libre) y Partido Anticorrupción (PAC) profesan contra las Fuerzas Armadas.
Hernández busca sacar provecho así de la popularidad con que cuenta el Ejército, en especial después de los casos de corrupción que empañaron la Policía Nacional y la tienen hoy en un proceso de depuración. En una medición de Cid-Gallup en setiembre, se conoció que el 77% de las personas consultadas están de acuerdo con que los militares patrullen las calles.
Sin embargo, algunos sectores de derechos humanos y candidatos a la Presidencia se oponen a la Policía Militar, porque consideran que la seguridad ciudadana le corresponde a la Policía Nacional, integrada por unos 14.000 efectivos en un país que cuenta con 8,5 millones de habitantes.
Es el sentir incluso del comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien cree que se está desacreditando a la Policía para crear un órgano paramilitar.
“A los militares les conviene debilitar la Policía. En 1994 (los que ahora son policías) fueron separados de las Fuerzas Armadas y son mayoría de gente armada en relación con el Ejército”, dice Julio Navarro, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Otros van más allá, como el candidato por el PAC, Salvador Nasralla, para quien la creación de la Policía Militar posee tintes políticos. “Esa Policía fue creada por el partido de gobierno para perpetuarse en el poder el día de las elecciones y hacer un fraude”, sostuvo Nasralla en entrevista con La Nación .
Tanto Nasralla como la candidata de Libre, Xiomara Castro, principal rival de Hernández , proponen crear una “policía comunitaria”. Aunque no ahondan en detalles sobre cómo funcionaría, expresan que estaría conformada por personas conocidas dentro de las mismas comunidades, con capacitación en derechos humanos y sistema tecnológico suficiente para combatir el crimen.
Castro dice que los militares serían enviados a las fronteras del país para combatir el narcotráfico. Incluso, sectores del partido hablan de que este sería el inicio de un proceso que acabaría en la eliminación del Ejército para invertir sus fondos en salud y educación.
