Lima. El Congreso de Perú, dominado por la derecha opositora, dio el martes el primer paso para remover a la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, a la que acusa de una supuesta infracción constitucional, lo que debilita al ya frágil gobierno del presidente Pedro Castillo.
“Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación, que declara procedente las denuncias constitucionales 268 y 269, contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte”, anunció el Congreso en su cuenta del Twitter.
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Boluarte es a la vez vicepresidenta y ministra, y el informe recomienda que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. Antes de que este informe pase al pleno del Congreso, debe ser votado esta semana por la Comisión Permanente del legislativo, donde su aprobación se da por descontada, pues la oposición tiene mayoría. Se estima que el proceso puede tardar un mes.
Boluarte fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe. Una eventual sanción contra ella, colocaría al jefe del Congreso en la línea de sucesión de Castillo, quien ha sobrevivido a dos mociones de destitución en el Parlamento en sus 11 meses en el poder.
Una inhabilitación de Boluarte posiblemente reactivaría los planes para destituir al presidente, cuyo mandato culmina en el 2026. La actual jefa del Parlamento es la opositora María del Carmen Alva. El abogado de la vicepresidenta Boluarte, Alberto Otárola, calificó la decisión como un intento de “inhabilitación exprés”.
“No existe la causal de infracción a la Constitución [...]. Esperemos que la cordura se imponga en el Congreso”, agregó el abogado al Canal N. Boluarte, abogada de 60 años, negó hace dos semanas que vaya a renunciar por este caso, estimando que se trata de una maniobra política para echar abajo al gobierno de Castillo.
Las mociones de destitución o “vacancia” presidencial se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 y Martín Vizcarra en el 2020, lo que mantiene al país sumido en la inestabilidad. Según la vicepresidenta, este caso “ha sido el pretexto perfecto de los señores de la derecha para ir sobre la vacancia (destitución de Castillo)”.
La Contraloría asegura que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno. Boluarte es oriunda de Apurímac, región al sureste de Perú. El Club lo integran los apurimeños que residen en Lima. Ella admite que firmó los documentos, pero alega una serie de razones burocráticas para ello.
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