EscucharWashington. El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley para aumentar fuertemente la presión diplomática sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señalado de buscar perpetuarse en el poder en las elecciones del próximo domingo.
La Ley Renacer (por sus siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) fue adoptada por 387 votos a favor y 35 en contra en la Cámara de Representantes, tras su aprobación por el pleno del Senado en agosto y las enmiendas realizadas el lunes.
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La legislación bipartidista, que fue apoyada por más republicanos que demócratas, deberá ahora ser promulgada por el presidente Joe Biden.
“Estamos siendo testigos del peor asalto autoritario a la democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece liderar este esfuerzo para que el Congreso actúe de manera decisiva para que el régimen de Ortega-Murillo sepa que habrá grandes consecuencias para la pseudocoronación de su dictadura dinástica”, dijo el senador demócrata Bob Menéndez, patrocinador de la iniciativa.
Ortega, un exguerrillero sandinista en el poder desde el 2007, se presenta a los comicios del 7 de noviembre junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, frente a cinco partidos derechistas prácticamente desconocidos para los nicaragüenses.
La oposición ha quedado excluida: siete precandidatos presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados. “La administración Biden debería firmar rápidamente este proyecto de ley y trabajar con aliados internacionales para coordinar las sanciones contra este régimen”, señaló, por su parte, el senador republicano Marco Rubio, otro de los impulsores de ley.
Arsenal de medidas
La Ley Renacer presenta un arsenal de medidas para abordar lo que considera corrupción y abusos de los derechos humanos del gobierno de Ortega y Murillo. Para ello, requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.
Además, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y pide a Biden revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR).
También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares rusas a Managua.
Además de Menéndez y Rubio, la Ley Renacer fue promovida por el congresista demócrata Albio Sires, y su colega republicana María Elvira Salazar, cuyo exmarido, Arturo Cruz, es uno de los siete aspirantes presidenciales detenidos.
“Ortega quiere gobernar el país desde un trono de hierro y el pueblo nicaragüense está sufriendo como resultado”, aseguró Salazar antes de la votación.
‘Una farsa’
Nicaragua, uno de los países más pobres de Latinoamérica, está sumido en una aguda crisis que estalló tras la protestas antigubernamentales de abril del 2018.
La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA.
El gobierno de Biden advirtió el miércoles que las elecciones del domingo carecen de legitimidad y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) seguir movilizándose para que Managua afronte “consecuencias reales” por “ignorar” las resoluciones del bloque que piden democracia y respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.
Los comicios “han perdido toda credibilidad y no son más que una farsa”, afirmó el representante estadounidense Bradley Freden, durante la presentación en el Consejo Permanente de la OEA del último informe de la CIDH sobre Nicaragua.
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Al comentar el reporte publicado la semana pasada, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, resaltó que “la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto”.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA y Cejil, denunciaron este miércoles que los comicios del domingo en Nicaragua tienen lugar “en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas”.
Los organismos citan cinco razones por las que las elecciones “no garantizan derechos humanos”: detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, falta de independencia judicial y violaciones del derecho de acceso a la justicia, violaciones a la libertad de expresión y de prensa, violaciones a los derechos políticos, y falta de garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
