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Ciudad de Panamá. El Congreso de Panamá entregó a la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el contrato de operación de una mina de cobre a cielo abierto, ante las masivas protestas de los panameños durante las últimas dos semanas.
El diputado oficialista Leandro Ávila afirmó: “Hemos decidido dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia, la máxima institución jurídica del país, la decisión final”, durante la sesión en la Asamblea Nacional.
Los legisladores, criticados por aprobar la ley que habilitó el contrato el 20 de octubre, intentaron calmar las tensiones derogando y aprobando una moratoria para la minería metálica.
Sin embargo, tras intensos debates, cedieron ante la demanda de los líderes de las protestas, quienes prefieren esperar un fallo de inconstitucionalidad que proteja al país de una posible demanda de la empresa canadiense First Quantum Minerals, operadora de la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica.
En este segundo debate, el Congreso aprobó únicamente la moratoria minera por tiempo indefinido, deteniendo 103 concesiones mineras y rechazando las prórrogas de otras 15.
Por la vía judicial
El presidente Laurentino Cortizo, también criticado por firmar el contrato, presentó proyectos de moratoria y referéndum para decidir el futuro de la mina de cobre, pero el Congreso optó por la vía judicial, dejando de lado estas propuestas.
Mientras se llevaba a cabo el debate en la Asamblea, la filial de la minera canadiense expresó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) su compromiso de operar de manera ambientalmente responsable, implementando planes de reforestación y conservación de especies y áreas protegidas.
El ministro del Ambiente, Milciades Concepción, advirtió esta semana que el cierre de operaciones de la mina afectará a más de 40.000 empleados panameños y provocará “demandas multimillonarias” en tribunales internacionales.
El Gobierno defiende el contrato y afirma que generará aportes mínimos anuales de la minera al Estado por $375 millones, diez veces el monto del acuerdo inicial de concesión establecido en 1997.
Sin embargo, este contrato inicial fue reemplazado por el aprobado por el Congreso hace dos semanas, el cual también fue cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil por los graves daños ambientales que ocasionaría y por no ser consultado con la ciudadanía.
La minera contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y desde febrero del 2019 exporta aproximadamente 300.000 toneladas de concentrado de cobre anualmente, representando el 75% de las exportaciones del país.
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