Brasilia. El ultraderechista Jair Bolsonaro, elegido el domingo presidente de Brasil asumirá el cargo en enero con un Congreso compuesto por partidos débiles y dominado por los lobbies y con una sociedad dividida después de una campaña electrizada por el rechazo visceral al adversario.

También deberá encontrar fórmulas para dinamizar una economía que tarda en despegar.

Las miradas se volcarán igualmente al accionar policial contra la criminalidad, dado que el exmilitar prometió flexibilizar el porte de armas y blindar judicialmente a los agentes en operaciones.

Bolsonaro enfrentará los mismos dilemas que sus predecesores: un Congreso fragmentado en treinta partidos y legisladores que negocian su adhesión en función del reparto de cargos oficiales. Esas alianzas sin principios ni ideologías estuvieron en la base de escándalos como el de los sobornos en Petrobras, descubiertos por la Operación Lava Jato.

Bolsonaro afirmó que no se prestará a ese juego, pero aún no explicó cómo lo logrará.

En las legislativas del 7 de octubre, su fuerza política, el Partido Social Liberal (PSL) pasó de 8 a 52 diputados (de un total de 513), convirtiéndose en la segunda fuerza de la Cámara.

Bolsonaro consiguió además el apoyo de los grupos de presión conservadores: agronegocio, evangélicos y lobby de las armas. Sin embargo, estos son transpartidarios y no están por lo tanto sometidos a ninguna disciplina de voto.

Se calcula que la nebulosa de su base de apoyo suma unos 300 diputados, cercana a los tres quintos (308 diputados) requeridos para enmiendas constitucionales como la que precisaría la reforma del régimen de jubilaciones, reclamada por los mercados.

Ficha ultraliberal

Los mercados votaron por Bolsonaro esperando que su gurú económico, Paulo Guedes, avance rápidamente en sus promesas de sanear las cuentas públicas mediante un plan masivo de privatizaciones.

Pero ante las reticencias dentro de su propia base, el propio Bolsonaro ya dijo que habría sectores intocables, como las actividades centrales de Petrobras y la generación de energía de Eletrobras, en las cuales el estado mantendría su presencia.

El domingo, Guedes anunció su intención de "cambiar el modelo económico socialdemócrata" y se comprometió con la reforma del régimen de jubilaciones.

Bolsonaro retomó en los últimos días de campaña el tono incendiario de sus discursos. A una semana de la segunda vuelta, dijo que la izquierda tendría que optar entre el exilio o la cárcel. "O se marchan o van a la cárcel. Esos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria", proclamó.

Pero en su primer discurso después de su victoria aseguró que será "un defensor de la Constitución, de la democracia y la libertad".

El programa de Bolsonaro promete "protección jurídica" a los policías en ejercicio de su actividad. "Si uno de nosotros, civil o soldado es atacado (...) y si dispara 20 veces sobre el atacante, debe ser condecorado y no ir a la Justicia", lanzó el candidato en agosto en Rio de Janeiro.

Las ONG de defensa de los derechos humanos ya advirtieron sobre los riesgos de esa política en las intervenciones en las favelas.

El presidente electo se comprometió asimismo a permitir "el porte de armas a las personas de bien".

Esa propuesta es bien vista por gran parte del electorado, en un país donde el año pasado hubo más de 63.800 asesinatos.

Queda por ver cómo implementa esa política y cómo se define en el proyecto a la “persona de bien”.

El programa de Bolsonaro prevé caratular como actos "terroristas" las invasiones de propiedades, un arma de lucha tradicional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

En plena campaña, Bolsonaro prometió cerrar las escuelas de los campamentos del MST, a las que definió como "fábricas de guerrilleros".

Bolsonaro se ha declarado a favor de cancelar las demarcaciones de tierras indígenas, muchas de ellas en la región amazónica.

Defendió la apertura de tierras ya demarcadas a proyectos de infraestructura (carreteras, centrales hidroeléctricas) que podrían implicar el desplazamiento de poblaciones. Y dijo que las poblaciones locales deberían recibir royalties de la extracción de minerales.

Estos proyectos pueden generar fuertes resistencias tanto internas como internacionales.