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Caracas. El oficialismo venezolano estrechó el cerco contra el Parlamento opositor tras un fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro, con la detención de su vicepresidente y obligando a dos diputados a refugiarse en sedes diplomáticas, una ofensiva condenada internacionalmente.
Acusado al igual que otros nueve colegas de apoyar la sublevación del 30 de abril, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue detenido la noche del miércoles en una operación cinematográfica, mostrada en redes sociales y narrada en Twitter por el propio legislador.
Agentes del servicio de inteligencia con armas largas y llegados en un nutrido convoy, interceptaron a Zambrano en su vehículo 4x4 frente a la sede de su partido. El legislador se negó a bajar, y tuvo que llegar una grúa para llevarse el coche.
Una caravana de patrullas fue cortando las calles para permitir el veloz paso de la grúa con el vehículo a cuestas hasta el Helicoide, el temido cuartel del servicio de inteligencia (Sebin), según observaron periodistas de la AFP.
Otro diputado, Richard Blanco, anunció este jueves que ingresó a la residencia del embajador de Argentina en Caracas para evitar su captura por la rebelión que encabezó el jefe parlamentario Juan Guaidó en su intento por desalojar a Maduro del poder.
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"Vine a dormir aquí porque mi vida corría peligro", dijo Blanco este jueves a la cadena VPI, afirmando que se quedará "temporalmente" y no pedirá asilo.
La diputada Mariela Magallanes está refugiada en la residencia del embajador de Italia en Caracas, anunció Roma el miércoles.
La ofensiva judicial generó una firme condena de países que respaldan a Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de gobiernos desde que se proclamó en enero, una vez que el Legislativo declaró ilegítima la reelección de Nicolás Maduro.
"La detención arbitraria (de Zambrano) es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias", advirtió Estados Unidos desde la cuenta de Twitter de su embajada en Caracas.
El gobierno de Donald Trump, principal valedor internacional de Guaidó, ha sostenido en reiteradas ocasiones que "todas las opciones están sobre la mesa" en el caso de la crisis venezolana, sin descartar una acción militar.
De su lado, la Unión Europea denunció el arresto de Zambrano como "otra flagrante violación de la Constitución del país" que "obedece a motivos políticos para silenciar a la Asamblea Nacional", y demandó su puesta en libertad con urgencia.
El Grupo de Lima –de 12 países americanos que reconocen a Guaidó– también repudió “la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima”.
Sin embargo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, señaló este jueves que “aquellos gobiernos que se solidarizan con golpistas se convierten en cómplices del alzamiento militar inconstitucional. Los responsables deben asumir las consecuencias ante la ley", tuiteó.
Los diez diputados fueron sindicados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, por delitos como traición a la patria y conspiración.
Se trata, además, de Henry Ramos Allup –dispuesto a ir preso–, Américo De Grazia, Luis Florido, Simón Calzadilla, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.
Otros diputados de la Asamblea, el único organismo dominado por la oposición pero anulado en la práctica desde que fuera declarado en desacato por el TSJ en el 2016, han sido objeto de decisiones judiciales: Gilber Caro y Juan Requesens están presos, Freddy Guevara refugiado en la embajada chilena y Julio Borges exiliado en Colombia.
El propio Guaidó fue despojado el 2 de abril de su fuero por la oficialista Asamblea Constituyente, pero el gobierno de Maduro se ha mostrado reticente a detenerlo.
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Tras el fracaso de la asonada que llevó a Guaidó a recalibrar su estrategia, Maduro se mostró desafiante la noche del miércoles, asegurando que "la Fuerza Armada está cohesionada" en su apoyo.
"Ellos creen que dando una orden, los militares (van a decir): 'Entendido, míster Mike Pence'. No, Mike Pence, el comandante en jefe constitucional y legítimo de la Fuerza Armada (...) se llama Nicolás Maduro", lanzó el mandatario en una alocución televisada.
Maduro respondió así al vicepresidente estadounidense, quien anunció el martes que su país levantaba las sanciones contra el exjefe de inteligencia Cristopher Figuera como recompensa por apoyar el alzamiento y como "ejemplo" a seguir por otros altos funcionarios.
La persistente crisis política venezolana ocurre en paralelo al peor drama económico y social en la historia reciente de Venezuela, con hiperinflación, escasez crónica de alimentos y medicinas y apagones. Desde el 2015, han salido del país 3 millones de personas, según la ONU.
