Lima. El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este jueves liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre del 2017 y anulado diez meses después.
La sentencia del máximo tribunal, que es inapelable, declaró fundada la demanda de hábeas corpus en favor del expresidente y “restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre del 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”.
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Fujimori, de 83 años y quien gobernó entre 1990 y el 2000, saldrá de prisión en los próximos días, informó una fuente judicial que pidió conservar el anonimato. Tras ser extraditado desde Chile en el 2007, el expresidente fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y de La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno.
La votación de los seis magistrados que conforman el tribunal arrojó un empate. Pero el voto del presidente del TC, Augusto Ferrero, que cuenta como doble, inclinó la balanza a favor de Fujimori. Los recursos de hábeas corpus se deben resolver por un mínimo de cuatro votos, según las normas del TC.
“Lo que ha pasado ha sido una decisión muy abierta, muy intensa con dos posiciones radicalmente distintas alegando motivos de salud”, comentó a la radio RPP el magistrado Eloy Espinoza, uno de los que votó en contra de la liberación del exgobernante.
El TC tomó la decisión al acoger un hábeas corpus presentado por el ciudadano Gregorio Parco en 2020. Lo que desató manifestaciones en las calles de Lima a favor y en contra de la medida. En su recurso, Parco afirmaba que la salud de Fujimori estaba “deteriorada” y que tenerlo encarcelado “es como tener preso en espíritu a los héroes muertos Túpac Amaru II, enemigo de España (ejecutado en 1781), o Francisco Bolognesi, enemigo de Chile”, caído en combate en 1880.
Único recluso
El presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, afirmó que el fallo del TC “refleja” la “crisis institucional” que vive Perú y dijo que los órganos de justicia internacional “deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera, uno de los representantes de las familias de las víctimas, dijo que pedirá “la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [...] porque Alberto Fujimori no puede ser beneficiado por un indulto”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG de defensa de los derechos humanos en América Latina, también exigió en un comunicado que la Corte Interamericana, con sede en San José, “emita una resolución que disponga la nulidad [del indulto] sobre la base de su jurisprudencia y de los estándares internacionales”.
Fujimori es el único recluso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el este de Lima, al que regresó el lunes luego de permanecer 11 días en una clínica por problemas cardíacos. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares. Indultado en vísperas de Navidad en el 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, alegando razones humanitarias, en octubre de 2018 la justicia anuló la decisión y regresó a prisión en enero del 2019.
“Volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura”, dijo entonces Fujimori, que había padecido un cáncer de lengua y problemas cardíacos. Dormía con oxígeno suplementario por baja saturación. Conocido como “El Chino”, Fujimori fue muy popular cuando era presidente. Pero en noviembre del 2000, en medio de una creciente oposición tras 10 años de gobierno, huyó a Japón, la tierra de sus ancestros, y renunció por fax a la presidencia.
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Había detentado un poder casi absoluto tras dar un “autogolpe” el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, apoyado en las fuerzas armadas y en una estrategia de su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, eminencia gris del régimen, ahora encarcelado.
Con cuatro condenas judiciales por crímenes contra la humanidad y corrupción y con su salud debilitada, Fujimori ha pasado varias veces por el hospital en los últimos años, mientras su hija mayor, Keiko, se convirtió en su heredera política, siendo tres veces candidata a la presidencia (2011, 2016 y 2021).
El exmandatario recibió el indulto presidencial el 21 de diciembre de 2017, después de que el entonces legislador Kenji Fujimori (hijo menor de Alberto) y una decena de congresistas del partido fujimorista impidieran con sus votos la destitución del mandatario Pablo Kuczynski.