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Londres. La Justicia británica asestó este martes un golpe implacable al primer ministro Boris Johnson al considerar “ilegal” y “sin efecto” su decisión de suspender el Parlamento hasta los días previos al brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión.
Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, afirmó estar “profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron”. “No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el brexit”, denunció. Sin embargo, “éste es obviamente un veredicto que respetaremos”, aseguró.
Tras tres días de vistas y cuatro de deliberación, once jueces de la Corte Suprema dictaminaron unánimemente la suspensión parlamentaria como "nula y sin efecto".
"Fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", dictaminaron.
En consecuencia, los diputados volverán al trabajo el miércoles, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien había denunciado la medida como un "ultraje constitucional".
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Y se vislumbra un terremoto político para el controvertido primer ministro, hasta el punto que el propio Donald Trump consideró en Estados Unidos que sería “terrible” que los planes de Johnson para el brexit se vayan a pique.
"Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir", afirmó el nacionalista escocés Ian Blackford, mientras ante la Corte Suprema los manifestantes coreaba "¡Johnson fuera, Johnson fuera!" y un hombre caracterizado vestido de preso agitaba una pancarta que decía "¡Culpable!".
En el congreso anual del Partido Laborista, en Brighton, también el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar.
"Esta crisis solo puede solucionarse con elecciones", lanzó Corbyn, quien adelantó su discurso de clausura, inicialmente previsto el miércoles, para poder regresar a Londres.
Y recordó la posición oficial votada la víspera por el congreso: si llegan al gobierno los laboristas negociarán mantener estrechos lazos con Bruselas y someterán ese acuerdo de divorcio a referendo junto a la posibilidad de anular simplemente el brexit.
Sin embargo, Johnson no tendrá el apoyo laborista para convocar legislativas anticipadas –una decisión que precisa el voto de dos tercios de los diputados– hasta que se descarte totalmente el riesgo de un brexit sin acuerdo el 31 de octubre, reafirmó.
¿Refuerzo a Johnson?
Las dos cámaras del Parlamento británico vieron sus labores suspendidas el 10 de setiembre y hasta el 14 de octubre, dos semanas antes del brexit.
Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno aunque solo suele prolongarse una semana.
Diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de intentar amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la UE.
La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales.
Dada la importancia de la cuestión, la Corte Suprema puso en el caso a once de sus doce jueces, que la semana pasada escucharon los argumentos de los demandantes y de los abogados del gobierno, para quienes no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión por ser una decisión "de naturaleza política".
Una las querellas había sido iniciada por la conocida empresaria y activista antibrexit Gina Miller, quien en el 2017 ya ganó una batalla jurídica clave sobre el brexit contra el gobierno de Theresa May. Su abogado, David Pannick, alegó que la duración de la suspensión demostraba que el objetivo de Johnson era “silenciar al Parlamento”.
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Ahora, "los diputados deben ser valientes y audaces y pedir cuentas a este gobierno sin escrúpulos", lanzó Miller tras conocerse el veredicto.
Sin embargo, algunos analistas consideran que la decisión de la Corte Suprema puede acabar reforzando a Johnson.
"El primer ministro juega a un juego populista. Está tratando de aparecer como el protector del pueblo contra una élite que quiere permanecer en Europa", dice Matthew Flinders, politólogo en la Sheffield University.
“Las consecuencias no deseadas de esto”, destaca, “son que en algún momento Boris Johnson y sus partidarios pueden utilizar la decisión de la Corte Suprema como otro ejemplo del fracaso de la democracia en el Reino Unido”, cuyos habitantes votaron por el brexit en un referendo en el 2016.
