Brasilia. Los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil dieron luz verde para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda ser llevado a la cárcel, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.
La corte suprema de Brasil rechazó un recurso de Lula para apelar una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El Supremo Tribunal Federal adoptó esa decisión por una estrecha mayoría de 6 votos a 5 tras 12 horas de debates.
Según juristas, Lula podría ser arrestado la semana próxima, cuando el tribunal de segunda instancia que lo condenó en enero analice las últimas objeciones de su defensa.
La decisión del tribunal se dio a las 12:25 a. m. de este jueves en Brasilia (9:25 p.m. en Costa Rica) con el voto definitivo de la presidente de ese órgano judicial, Cármen Lúcia.
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política.
El ex mandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a la empresa Petrobras a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa.
El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.
"No será detenido de inmediato porque lo que juzgó el STF es un habeas corpus que autoriza la expedición de una orden de prisión". Quedan aún por analizar "posibles nuevos recursos en el TRF4 y solo entonces podría llegar la orden del juez Sergio Moro", explicó a la AFP el criminólogo Jovacy Peter Filho.
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial.
Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento.
Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.
Aunque el ex mandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles.
Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse.
La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.
Lula siguió el debate sin hacer declaraciones en una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Avanzada la noche se dirigió a su departamento, en la misma localidad.
"La presunción de inocencia, ese derecho fundamental que fatalmente volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula. Un día triste para la democracia y para Brasil", escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas: "No es sólo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa", lanzó en su cuenta de Twitter.
Esas palabras se mezclaban con los festejos de los rivales políticos del hombre que en 2010 dejó el Palacio de Planalto con los mayores niveles de popularidad de la historia moderna.
En Brasilia, sede del tribunal, se lanzaron fuegos artificiales cuando la votación aún no había concluido y en Sao Paulo se escucharon bocinazos celebrando la decisión.
El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara baja, Nilson Leitao: "El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad".
La posibilidad de que llegara a la presidencia un candidato que enfrenta otros seis procesos, por delitos como obstrucción de la justicia y tráfico de influencia, alimentó la polarización que vive Brasil y que ya había conducido en 2016 a la destitución de Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, por manipulación de las cuentas públicas.