Houston. La Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió temporalmente este lunes la entrada en vigor de una severa ley aprobada en Texas. Dicha ley permite detener e incluso expulsar a migrantes que crucen ilegalmente la frontera desde México.
Según lo publicado por el máximo tribunal estadounidense en su página de internet, la suspensión estará vigente hasta el 13 de marzo. Posteriormente, el tribunal deberá pronunciarse sobre una demanda presentada por el gobierno de Joe Biden, el cual acusa a Texas de excederse en sus atribuciones al ejercer control sobre las fronteras, las cuales están bajo jurisdicción federal.
La decisión de la Corte Suprema llega después de otra emitida por el juez de distrito David Ezra la semana pasada, quien recordó que las leyes migratorias son competencia del gobierno federal y no de un estado.
Sin embargo, el gobierno de Texas recurrió a una corte de apelaciones el fin de semana para desactivar esa resolución y obtuvo la autorización para que la ley pudiera entrar en vigencia desde este 5 de marzo, según lo previsto.
El Departamento de Justicia solicitó la intervención de la Corte Suprema, y fue el juez supremo Samuel Alito quien suspendió temporalmente este lunes la entrada en vigor de la ley SB-4. Esta ley es considerada por activistas como una de las más severas contra la migración aprobadas en la historia reciente de Estados Unidos.
En diciembre de 2023, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgó esta ley que fue aprobada por el Parlamento de Texas. Abbott justificó la ley en el derecho de su estado a defenderse ante lo que él denomina una “invasión”, refiriéndose al aumento significativo de cruces de migrantes, principalmente provenientes de América Latina en busca de mejores condiciones de vida.
Abbott, aliado del republicano Donald Trump, atribuye la crisis migratoria al demócrata Biden. De no haber sorpresas, Trump y Biden se enfrentarán en noviembre en las elecciones presidenciales, y el tema migratorio es crucial en términos de apoyo popular.
La norma permite a la policía y a las fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan demostrar que cruzaron la frontera legalmente.
Los detenidos pueden ser llevados ante la justicia estatal, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México, sin tener en cuenta si este país puede recibirlos. Ya el gobierno mexicano rechazó esta norma. ”La inmigración no constituye una ‘invasión’ (...) ni Texas está participando en una guerra”, dijo el juez Ezra.
Abbott ordenó la militarización de un parque en la ciudad de Eagle Pass, que tiene acceso al río Grande, la frontera natural entre Texas y México. Además, e instaló cercas de alambre de púas en un tramo de la ribera, además de también iniciar la construcción de una base militar.
En la actualidad, los miles de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos se entregan a la policía de fronteras, solicitando asilo. Muchos de ellos logran esperar una respuesta en libertad, dentro del territorio estadounidense.