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“La profundización de la crisis política, social y económica en Nicaragua, la represión y el irrespeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos por parte de las autoridades tienen el potencial para una crisis de escalamiento ilimitado, con impacto directo en la estabilidad y devenir del desarrollo de Centroamérica”.
Esta fue la advertencia que lanzó, este miércoles, el embajador tico Rodrigo Alberto Carazo sobre la situación que atraviesa Nicaragua, al dirigir un discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual fue convocado por Estados Unidos para hablar sobre lo que ocurre en ese país centroamericano.
“En atención a las actuales circunstancias, Costa Rica no puede permanecer silenciosa. Seguiremos alzando nuestra voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los diferentes pactos de derechos humanos", recalcó Carazo.
Y continuó: "Costa Rica urge una pronta reacción de parte del Gobierno nicaragüense y de la comunidad internacional para atender esta grave situación que no es sostenible. Continuaremos alzando nuestra voz hasta que la razón, el buen juicio y el respecto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua”.
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Por otra parte, Carazo puso en autos al Consejo de Seguridad de la ONU acerca del impacto migratorio que ha tenido la crisis nicaragüense en Costa Rica.
El diplomático informó de que “el número de migrantes nicaragüenses ha aumentado significativamente” y anunció que las solicitudes de refugio pasaron de cuatro en enero pasado a 4.074 durante el mes de agosto.
“En total, durante los primeros ocho meses de este año se han recibido más de 12.830 solicitudes de refugio”, enfatizó.
“Como país de destino, tránsito y origen, respetuoso de los Derechos Humanos, nuestra prioridad ha sido siempre la protección, el respeto, la dignidad y seguridad de las personas. En aras de cumplir con estos objetivos, la institucionalidad costarricense ha respondido de forma responsable, ordenada y apegada al cumplimiento de las normativa nacional e internacional”, señaló.
La semana pasada, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega dijo durante una actividad pública que le pedirá a Costa Rica una lista de compatriotas que han solicitado refugio con el fin de exigir la devolución a su país. Lo hizo bajo la presunción de que algunas de esas personas han cometido delitos en Nicaragua, relacionados con las protestas callejeras.
De inmediato, el presidente de la República, Carlos Alvarado, consideró “absolutamente fuera de lugar” la petición de Ortega y reiteró que su gobierno no variará la política de atención migratoria con enfoque de derechos humanos.
El Gobierno de Costa Rica fue uno de los primeros que alzó la voz en diversos foros internacionales para visualizar las agresiones que el régimen de Ortega comete en contra de los movimientos populares que se oponen a su mandato desde abril pasado, cuando estalló la crisis a raíz de una reforma a las pensiones que impulsó el Gobierno.
En junio pasado, la administración Alvarado impulsó en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución que, con el apoyo de más países del continente, conminó al gobierno de Ortega a cesar la agresión contra su pueblo y emitió “una enérgica condena” a “todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo”.
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Ortega ya descartó la propuesta que le hizo la iglesia Católica, en su papel de mediadora, de adelantar los comicios presidenciales del 2021 al 2019.
Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 320 personas fueron asesinadas en Nicaragua en los últimos cinco meses por fuerzas paramilitares del Gobierno y la Policía.
