EscucharBuenos Aires. Mujer confrontativa, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner dominó la política de Argentina durante la mayor parte de este siglo, junto a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), despertando tanto odios como amores.
Para muchos se trata de un matrimonio que se enriqueció mediante una red de corrupción, para otros es una feroz “persecución” o “cacería judicial” por parte del gobierno actual de Mauricio Macri, con el fin de evitar el peso del kirchnerismo en la política.
“Cristina no tiene el poder que tenía antes, pero es la figura de oposición más importante de Argentina”, dijo el sociólogo Ricardo Rouvier, de la consultora de opinión pública Rouvier y Asociados.
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“Tiene una base muy activa que es entusiasta y fiel”, añadió.
Pocos días después de jurar como senadora, un juez pidió, el jueves 7 de diciembre, su desafuero y detención preventiva por “montar un plan” para encubrir a iraníes imputados por idear el atentado a la AMIA que causó 85 muertes en 1994. La exmandataria (2007-2015) enfrenta además otras causas judiciales por presunta corrupción.
Ella ha siempre negado las acusaciones aduciendo que se trata de una “persecución” política.
Tras dejar la presidencia, estuvo dos años sin cargos, pero no por eso desapareció de la escena política.
Sus apariciones públicas se debieron sobre todo a las citaciones judiciales, que a veces se transformaron en verdaderos mitines en los tribunales.
Este año decidió presentarse a las elecciones legislativas “para ponerle un límite” a las políticas del presidente Mauricio Macri y en octubre ganó un escaño en el Senado con el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires.
Pero Macri salió fortalecido de la contienda electoral, lo que le dio impulso para avanzar con sus proyectos de reforma previsional, laboral, fiscal y educativa, que echan por tierra gran parte de las políticas de su antecesora.
Enfrentada también a otros dirigentes del Partido Justicialista (PJ, peronismo) en la disputa por el poder interno, Fernández asume en el Senado con un bloque peronista dividido.
Para las elecciones, lanzó una nueva agrupación, Unidad Ciudadadana, de centroizquierda, por fuera del PJ.
Sólo una decena de senadores la respaldan, mientras que otra veintena formará un bloque aparte, de oposición moderada.
A lo largo de 12 años, primero como primera dama y senadora y luego como presidenta, fue sumando enemigos a la par que consolidó una fuerte adhesión en los sectores favorecidos por sus políticas sociales que la llaman “la morocha” del pueblo.
Y parte de la sociedad argentina la critica acusándala de ser adicta a grandes marcas de lujo, al dinero o las cirugías.
Se enfrentó a los grandes grupos mediáticos, a sectores del poder judicial, a la patronal agraria y del empresariado.
En su juventud militó en las fuerzas estudiantiles de la izquierda peronista. Luego se pasó a la política formal y centrista después de la dictadura, en una carrera común con Néstor Kirchner, fallecido en 2010, con quien tuvo dos hijos (Florencia y el actual diputado Máximo Kirchner, que le han dado dos nietos: Néstor Ivan y Emilia).
Tras ocho años de mandato, mediados por una reelección en 2011 que ganó con 54% de los votos pero sin poder volver a postularse, Fernández dejó el poder el 9 de diciembre de 2015 con una multitudinaria manifestación de despedida en la Plaza de Mayo.
Al irse dijo que entregaba un “país normal”. Pero el gobierno de Macri no ha cesado de acusarla de dejar una “pesada herencia”.
Desde que salió del gobierno, comenzó a acumular acusaciones judiciales por presunta corrupción que se suman al pedido de desafuero por la acusación en la causa AMIA, desestimada en varias instancias judiciales pero reabierta este año por el juez Claudio Bonadio.
Bonadio ya la había procesado por una operación conocida como “dolar futuro”, al considerar un fraude una medida de política monetaria.
Sobre Fernández pesan otros procesamientos confirmados por la Cámara Federal (apelaciones): está acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez con obras por 2.600 millones de dólares en la provincia de Santa Cruz (sur) y como supuesta jefa de una asociación ilícita para lavar activos a través de una inmobiliaria.
Sus enemigos le auguraron que desfilaría por los tribunales.
