EscucharSan José. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se dirigen hacia un control casi total de la vida de los nicaragüenses mediante la represión de toda voz disidente, incluso en la Iglesia católica. La acumulación de poder de la pareja presidencial se viene gestando desde su retorno a la primera magistratura en 2007, tras efectuar cambios a la Constitución en 2011 y 2014, explicó a la AFP la socióloga Elvira Cuadra, exiliada en Costa Rica.
Entre los cambios promovidos por Ortega figura la eliminación del artículo que prohibía la reelección consecutiva y que solo era posible una vez tras un periodo alterno. Ortega “ha modificado la naturaleza o modelo de gobierno establecido en la Constitución (...), se puede ver que hay un cambio por uno autoritario”, analizó Cuadra.
Este estilo de gobernar “concentra la toma de decisiones de manera discrecional en la pareja presidencial”, añadió.
Desde 2018, cuando Ortega reprimió protestas antigubernamentales que dejaron 355 muertos, “tenemos cuatro años de una crisis prolongada que no logró dar vuelta la página y a raíz de que (Ortega y Murillo) aseguraron su continuidad en el poder (...) en las elecciones de noviembre, están institucionalizando un estado policial”, expuso la especialista.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega “está migrando de partido hegemónico a un partido único, pero realmente lo que tenemos de fondo es la construcción de un culto a la personalidad”, comentó el exdiputado y analista Eliseo Núñez, también desde el exilio.
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Persecución a opositores
En el último año, el gobierno detuvo a 46 opositores y críticos, condenándolos a penas de hasta 13 años de cárcel. Entre los opositores presos, siete eran aspirantes a la presidencia para las elecciones del 2021 en las que Ortega fue reelecto por cuarta vez consecutiva.
También fue ocupado el edificio del diario opositor La Prensa, con casi 100 años de existencia. Su gerente, Juan Lorenzo Holmann, está preso. El medio se publica de forma digital y su personal se exilió en julio por temor a ser arrestado.
El canal de televisión de la Iglesia católica fue cerrado por el ente de telecomunicaciones junto a otros medios de difusión eclesial. En tanto, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de más de 1.000 fundaciones y organizaciones cívicas que trabajaban en defensa de los derechos humanos, de mujeres y niños en situación vulnerable o de la libertad de expresión, así como a universidades privadas y entidades culturales.
Las autoridades alegan que las ONG fueron ilegalizadas por no registrarse como agentes extranjeros, como manda una ley aprobada en 2020, y por obstaculizar las acciones de control y vigilancia que realiza el ministerio de Gobernación.
En julio, monjas de Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, huyeron a pie de Nicaragua a Costa Rica después de que el Congreso cerró sus oficinas y alegó que no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.
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Choque con la Iglesia
La Iglesia católica, cuyas relaciones con el gobierno han sido tensas en los cuatro años recientes, es el último reducto de rebeldía desde donde se cuestionan los actos gubernamantales. En sus discursos oficiales, Murillo ha indicado que las críticas de obispos son “un delito” y “un pecado de lesa espiritualidad”.
El sitio al obispo Rolando Álvarez, retenido por la Policía en la curia de Matagalpa desde la semana pasada, revela el forcejeo del gobierno con la Iglesia católica, opinan analistas desde el exilio. “Lo que pasa es que el gobierno siempre ha pretendido una Iglesia muda, no quiere que hablemos, ni denunciemos la injusticia”, dijo el cura en sus homilías, desde donde cuestiona al poder.
“Una cosa es el evangelio de Dios y otra cosa son las actuaciones terrenales de hombres que se ponen la sotana para hacer política”, cuestionó el diputado oficialista Wilfredo Navarro. El legislador acusó a los religiosos y de forma particular a Álvarez de “falsos profetas”, durante una entrevista en el sandinista canal 4 de televisión.
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Crisis para rato
Ortega y Murillo “tienen su propia concepción, están cerrando el país, anulando las voces críticas (...) es un estado de situación que más bien responde a una condición de debilidad, solo tienen apoyo en la fuerza policial”, apuntó Elvira Cuadra.
La socióloga atribuye esa debilidad a la falta de “legitimidad” de Ortega. El exguerrillero no logró ese reconocimiento con las cuestionadas elecciones de noviembre, pero todavía cuenta con financiamiento externo y remesas familiares que “le dan algún oxígeno y puede prolongar esta situación en el tiempo”.
El exguerrillero de 76 años integró una junta de gobierno de 1979 a 1985 tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza y fue presidente luego hasta 1990. Retornó al poder en 2007 y es señalado por la oposición de corrupción y nepotismo. Ortega lo niega y acusa a sus detractores de planificar un golpe de Estado con ayuda de Washington.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunido el viernes en Washington condenó “enérgicamente el cierre forzado” de ONG y el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones”. “El ambiente de opresión se ha agravado”, se alarma la OEA.
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