EscucharWashington. AFP. La larga agonía que sufrió un condenado a muerte en Oklahoma el martes, calificada por muchos como una “tortura”, pone de manifiesto el caos de los estados norteamericanos que, ante la falta de barbitúricos, buscan métodos alternativos para llevar adelante sus ejecuciones.
Clayton Locket fue declarado muerto el martes, 43 minutos después de que se le comenzó a inyectar un coctel letal que jamás había sido probado en Estados Unidos, cuando por lo general la mezcla tarda 10 minutos en hacer efecto.
La larga y dolorosa agonía por “el fracaso de la intravenosa”, según admitieron las autoridades penitenciarias, llevó a suspender una ejecución prevista para el martes y causó indignación incluso en la Casa Blanca, que criticó la falta de humanidad en el procedimiento.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital ) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte “encuentran grandes dificultades para hallar barbitúricos y se desesperan buscando alguna fuente de aprovisionamiento” para la elaboración de las inyecciones que utilizan, explicó Deborah Denno, quien es profesora de Derecho de la Fordham University.
Fórmulas improvisadas. Recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no han sido homologados por las autoridades federales.
“Ello lleva a los estados que utilizan la inyección letal a improvisar”, advirtió Robert Blecker, profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York.
Como sucedió en otras dos recientes ejecuciones, “el detenido parece haber sufrido enormemente”, comentó Lyn Entzeroth, profesora de Derecho en la Universidad de Tulsa, Oklahoma. “Es una forma de tortura que plantea problemas constitucionales”, dijo.
Desde hace siete años, varios estados han optado por abolir la pena de muerte por, entre otros motivos, “la increíble dificultad para realizar las inyecciones letales de manera transparente y conforme a la octava enmienda ” constitucional, que prohíbe todo castigo cruel e inhabitual, señaló.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó tras la ejecución del martes un “examen completo de los procedimientos” para determinar qué sucedió y por qué.
La abogada de Charles Warner, quien debía ser ejecutado luego, dio incluso un paso más y dijo que “Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte” al exigir “una investigación independiente”, una autopsia y el levantamiento del secreto sobre “los medicamentos utilizados, su grado de pureza, eficacia, origen y los resultados de todas las pruebas” realizadas.
Los escasos laboratorios que aceptan entregar productos sabiendo que se utilizarán en las ejecuciones, lo hacen en el mayor secreto, por temor a represalias, y los estados prefieren ocultar su fuente de aprovisionamiento también por el miedo a ser objeto de demandas judiciales.
“Esa es su respuesta a la amenaza de ser sometidos a un boicot económico”, declaró Blecker, autor del libro The Death of Punishment (La muerte del castigo ).
Este ferviente defensor de la pena de muerte se congratuló de que la actual polémica permita reabrir el debate sobre los métodos alternativos a la ejecución letal.
“Yo soy personalmente favorable al pelotón de ejecución, que reconoce que se trata de un castigo y no pretende hacerse pasar por un medicamento”, dijo el docente, que siempre se opuso a la generalización de la inyección letal.
“Los procedimientos de inyección en este país simplemente no funcionan”, sostuvo por su lado la profesora Denno, experta en métodos de ejecución.
En Tenesí se aprobó el retorno a la silla eléctrica, y en esta misma dirección se dirigen Georgia y Virginia. Los estados de Misuri y Wyoming, por su parte, se inclinarían por el pelotón de ejecución, pero “todos se hallan todavía en un estadio de discusión”, según Denno.
