EscucharLas autoridades de seguridad pública registraron durante los primeros 12 meses del régimen de excepción un total 336 homicidios, y no 209, como lo publicó la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador en su cuenta de Twitter, lo que supone una subestimación del 61%.
La cifra más abultada de homicidios no es ajena para la PNC, ya que es producto del conjunto de novedades diarias que registra la institución, las cuales son cotejadas luego con el Instituto de Medicina Legal (IML), y la Fiscalía General de la República (FGR).
La Prensa Gráfica tuvo acceso a uno de los archivos de estas instituciones. Los datos muestran que en manos del gobierno hay un registro amplio que consigna más homicidios de los que reconoce en público.
Ese periódico buscó la postura oficial de la PNC y de la Fiscalía sobre la disparidad de las cifras públicas y la consignada en el informe interno, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
La rutina informativa oficial es así: la PNC informa al final del día sobre los casos de homicidio en el que la víctima es un ciudadano común o un presunto delincuente, pero señala que estos últimos no deben ser considerados como asesinatos.
El hallazgo de restos óseos y las muertes al interior de centros penales no son mencionados. En los días posteriores, algunos casos son reclasificados como homicidios en una mesa técnica conformada por la PNC, FGR e IML, y luego son ingresados al sistema, pero no hay una corrección en público.
Un día declarado como de cero homicidios, por ejemplo, sigue así, aunque haya la certeza de que ese día hubo al menos uno.
La información disponible muestra, además, que las autoridades tiene en sus manos suficientes indicios que apuntan a que ha habido varios homicidios al interior de los centros penales y que en algunas intervenciones de policías o militares ha habido uso excesivo de la fuerza. En estos casos, también hay silencio oficial.
En los primeros 12 meses del régimen de excepción, la PNC informó a través de su cuenta de Twitter de 209 homicidios y de 228 días sin homicidios.
Al incluir la muerte de presuntos delincuentes, la cantidad de homicidios sube a 295, mientras que la cantidad de días con cero homicidios se reduce a 187. Luego, al considerar todos los casos registrados por la PNC, incluso los reclasificados, la cantidad de homicidios sube a 336, mientras que la de días con cero homicidios baja a 172.
En términos relativos, la cantidad de homicidios sube un 41% al sumar a los presuntos delincuentes abatidos, y asciende en un 61% al considerar todos los casos registrados.
La cifra sobre la cantidad de días sin homicidio también varía.
“Cerramos el 10 de mayo del 2023, con cero homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien no aclaró cómo hizo su cálculo, pero según información del IML, en el 2019 hubo seis días sin homicidios; en el 2020 hubo 29 y en el 2021 hubo 30. Luego, esa institución dejó de brindar información al respecto.
La documentación en poder de las autoridades de seguridad pública muestra que en el 2022 hubo 126 días sin homicidios, mientras que en el 2023, hasta el 10 de mayo, sumaban 85.
En suma, la cantidad de días sin homicidios en la presente gestión es de 276, es decir, 89 menos de lo publicado. Y si lo queremos ver en los términos del mandatario, al año sin homicidios le faltan casi tres meses. La cantidad de días con cero homicidios no llega a 365, aún si se toma como referencia solo aquellos casos que la PNC considera homicidios en su cuenta de Twitter.
En ese caso, se llega a 331. No está claro, como ya se indicó, cómo el presidente hizo su cálculo.
¿Qué homicidios cuentan?
Las máximas autoridades de seguridad pública y los líderes políticos del partido oficial explicaron en público que, para efectos de registro, no se deben considerar como homicidios las muertes violentas en “defensa propia”, así como las “intervenciones legales”. Y para ello, citan como referente el estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
“Entre las diversas formas de muerte violenta, el elemento central del homicidio intencional es la responsabilidad total del agresor, que lo diferencia de asesinatos relacionados con conflictos armados y guerra, muerte autoinfligida (suicidio), asesinatos debido a intervenciones legales y homicidios justificables (como la defensa propia), y por muertes causadas por acciones imprudentes o negligentes, que no pretendieron quitar la vida humana (homicidio no intencional)”, se señala en el documento, publicado en el 2019.
El experto en el tema de seguridad Carlos Eduardo Argueta está de acuerdo en lo expresado por las autoridades, pero señala: “la PNC no es la institución que debería indicar si un enfrentamiento ocurrió de forma “equilibrada” o si se trató de un uso excesivo de la fuerza. La FGR es la institución que debe realizar la investigación del posible delito, con el apoyo de la IML”.
“Las muertes por legítima defensa siempre son homicidios; en todo caso, la Fiscalía tiene que investigar si no hubo un uso desproporcionado de la fuerza”, señaló Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de la organización Cristosal.
“Había un procedimiento que realizaba la unidad de control de la PNC para determinar si hubo uso proporcional y racional de la fuerza. La conclusión de la investigación casi siempre determinaba que no había responsabilidad, pero sí hubo casos donde se determinó que hubo ejecuciones extralegales. Lo que vemos ahora es que hay licencia para matar”, agrega.
En ese sentido, la FGR asegura que en el 2022 hubo 496 homicidios, de los cuales 429 fueron por “delincuencia en general”, 36 por “intolerancia social” y 31 por “intolerancia familiar.
La institución no indica cuántas muertes hubo en “legítima defensa de particulares” o “legítima defensa por autoridades”. Esa información está oculta o ese tipo de casos no ocurre en el país.
Peras con manzanas
El Salvador tiene un largo debate interno sobre cuál es la forma más adecuada de registrar los homicidios, en particular entre las instituciones que intervienen en una investigación: IML, FGR y PNC. Y no es el único país donde ha sucedido esto.
En el 2015, 12 países de la región, incluido El Salvador, desarrollaron la “Conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidios en América y El Caribe”, producto de la cual se elaboró el primer protocolo regional de buenas prácticas en materia de recolección y divulgación de datos sobre homicidios, el llamado “Protocolo de Bogotá”.
Este documento define el homicidio como “la muerte de una persona provocada por una agresión intencional. En ese sentido, se excluyen los homicidios no intencionales, los accidentales y las tentativas de homicidio. Están incluidas las muertes por agresión acontecidas en el contexto de guerras internacionales, conflictos internos y disturbios civiles.
”Además, se consideran las muertes por agresión cometidas por agentes públicos en el ejercicio de su deber profesional, incluso cuando sean legales, así como las muertes acontecidas en el ejercicio de la legítima defensa por parte de cualquier persona.”
“Esta opción maximiza la comparabilidad internacional, es consistente con el objetivo de minimizar las muertes por agresión independientemente de su legalidad y evita la demora que resulta de esperar por la certeza de una decisión judicial”, se indica en el documento final. Y junto a la comparabilidad internacional hay que agregar la relativa con años anteriores.
Los gobiernos anteriores aplicaban la definición más amplia de homicidio, y no la actual. Al evaluar el año 2015, el entonces director de la PNC Howard Cotto dijo que la cifra final de homicidios había sido de 6.657, pero luego indicó que en 2.014 casos la víctima había sido un pandillero, y que en 495 casos, la muerte ocurrió durante el enfrentamiento con agentes de seguridad pública. El registro quedó en 6.657, cifra que este gobierno suele compararse para destacar sus logros.
Los municipios con más homicidios son aquellos que alojan a algún centro penal (Izalco o Ayutuxtepeque) o donde ha habido enfrentamiento entre autoridades y pandilleros (Tacuba o San José Villanueva). En San Miguel, ha habido, además varios casos de delincuencia común.
