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Manila. Los filipinos votaron este lunes en unas elecciones de medio mandato que podrían reforzar la posición del presidente, Rodrigo Duterte, y allanarle el camino hacia una reforma de la Constitución y el restablecimiento de la pena de muerte.
Más de 18.000 cargos públicos estaban en juego en estos comicios, incluyendo la mitad de los escaños del Senado, una institución que tuvo un papel crucial en los últimos tres años para bloquear algunas de las iniciativas más polémicas del otrora alcalde de Davao, la gran ciudad del sur.
Elegido en el 2016, Duterte ha sido objeto de críticas por parte de los países occidentales por sus políticas violentas para combatir el tráfico de drogas y, a veces, incluso groseras.
Pero sigue siendo muy popular en el archipiélago, sobre todo por su modo de hablar, sin tapujos, y una parte de los filipinos aún lo ve como un recurso creíble frente a la ineficacia de la que acusan a las élites políticas tradicionales.
Duterte se comprometió a restablecer la pena capital por crímenes relacionados con el narcotráfico como parte de su feroz campaña contra los estupefacientes, en la que miles de presuntos traficantes y consumidores perdieron la vida.
“Si está de acuerdo conmigo, entonces puede votar por mis candidatos”, dijo Duterte, quien no está en las listas electorales, luego de votar.
"Si me repudian con la pérdida de todos mis candidatos ... eso es todo", agregó.
Los colegios electorales tenían que haber cerrado a las 18 horas (4 a. m. hora de Costa Rica), pero estuvieron abiertos unas horas más por un retraso en la apertura, en una nación donde unos 61 millones estaban registrados para votar.
El programa de firmeza contra la criminalidad de Duterte fue fundamental para su victoria en las presidenciales del 2016. Ahora, espera bajar la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 12 años.
El lunes por la mañana, multitud de electores esperaban afuera de los colegios electorales, incluso antes de que estos abrieran. En total, 61 millones de filipinos estaban llamados a las urnas.
“Voté por muchos candidatos apoyados por el presidente Duterte porque su gobierno hace su trabajo”, explicó Myrna Cruz, de 51 años, al salir del colegio electoral.
"Apoyo su programa, y sobre todo su campaña anti-drogas. Pero espero que cese el baño de sangre", agregó.
Clave en el Senado
Históricamente, los 24 miembros del Senado filipino, elegidos por seis años, siempre han mostrado independencia de sus colegas de la Cámara Baja.
Obtener la mayoría en el Senado, algo imposible para Duterte según los institutos de sondeos, facilitaría indiscutiblemente la tarea del presidente, que tendría total libertad para hacer cuanto quisiera en materia de seguridad y de reforma constitucional.
La oposición advirtió reiteradamente e que Duterte podría abolir el límite constitucional actual de mandatos, que es de uno único de seis años en el caso del presidente.
Cualquier reforma constitucional requiere del visto bueno del Congreso y de una aprobación por referendo.
La reinstauración de la pena de muerte y la reforma constitucional fueron aprobadas sin problemas por la Cámara de Representantes desde el 2016, pero hasta la fecha se toparon con el veto del Senado.
La pena de muerte fue abolida en 1987 en Filipinas, antes de ser reinstaurada seis años después y abolida nuevamente en el 2006, tras una larga campaña de la Iglesia católica, que cuenta con 80% de fieles en el archipiélago.
