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Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este lunes el estado de excepción para todo el país ante un aumento de los índices de criminalidad a causa del narcotráfico, ordenando la movilización en las calles de policías y militares. “Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional”, dijo el mandatario en una alocución transmitida por el canal estatal EcuadorTV.
Entre enero y octubre de este año en el país se registraron casi 1.900 homicidios intencionales (once por cada 100.000 habitantes), frente a cerca de 1.400 de todo 2020, según el gobierno. “En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”, dijo Lasso, que asumió el poder en mayo.
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La medida, declarada para 60 días, fue adoptada por “grave conmoción interna”, de acuerdo al decreto. También será integrado un comité con diversos ministerios del área social y de derechos humanos para tomar acciones con miras a prevenir y detener la adicción y reinsertar a consumidores de droga en la sociedad.
El gobernante de derecha además decidió el lunes cambiar a su ministro de Defensa en medio de una crisis carcelaria que dejó un centenar de reclusos muertos y una “etapa de inseguridad” en el país por efectos del narcotráfico. Juramentó al general retirado Luis Hernández en reemplazo de Fernando Donoso, excomandante de la Marina.
Sicariatos y homicidios
El estado de inseguridad “no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país sino en la cantidad de crímenes que hoy tiene relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes”, señaló Lasso, quien este martes recibirá en Quito al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, para dialogar sobre seguridad y narcotráfico.
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El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso pronuncia un discurso en la escuela secundaria pública Manuela Canizares, en Quito, el 1.° de setiembre del 2021. (RODRIGO BUENDIA/AFP)
Hace dos semanas, miembros de grupos criminales vinculados a cárteles de México y Colombia que están presos y se disputan el poder se enfrentaron a bala en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste), dejando 119 reclusos muertos en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina.
En lo que va de 2021, en varias revueltas carcelarias producidas en Ecuador han fallecido 238 presos. Lasso apuntó que más de 70% de las muertes violentas que ocurren en la provincia costera de Guayas (cuya capital es Guayaquil) está de alguna forma relacionada con el tráfico de drogas.
“Cuando el narcotráfico crece, aumentan también sicariatos y homicidios”, además de otros delitos como robos, dijo el mandatario.
Indultos
Según Lasso, “en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas”.
Su ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, dijo hace dos semanas que el país suramericano, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, pasó de ser un punto de tránsito a bodega del narcotráfico. Los decomisos de drogas entre enero y octubre llegaron al récord de 147 toneladas contra las 128 toneladas del 2020, según cifras oficiales. Lasso anotó que bajo el estado de emergencia policías y militares patrullarán las calles las 24 horas del día.
“Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen”, afirmó, señalando que el Ejecutivo creará una unidad de defensa legal para proteger a los agentes que sean demandados por “simplemente cumplir con su deber”. “Actúen señores integrantes de las fuerzas del orden con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor”, expresó el gobernante.
Garantizan derecho a protestas
El viceministro de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, aseguró este martes que garantizarán el derecho a las protestas pese al estado de excepción dictado para combatir el narcotráfico.
El estado de excepción decretado el lunes y que implica la movilización de militares y policías de “ninguna manera afecta al derecho a la libre expresión que tienen las personas o las organizaciones”, manifestó Fuertes al canal Teleamazonas.
“Los niveles de inseguridad que están asolando al país son los que originan este nuevo mecanismo en búsqueda de contrarrestar la inseguridad”, agregó el funcionario.
“Ninguna de las libertades individuales que están garantizadas en la Constitución está sufriendo ningún tipo de menoscabo”, indicó el viceministro, añadiendo que el estado de excepción nada “tiene que ver con estos anuncios de movilizaciones que han formulado algunos sectores de la sociedad”.
Organizaciones sindicales, de indígenas, estudiantes y del transporte reclaman la suspensión del alza gradual de precios de combustibles en Ecuador, donde están subsidiados.
En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de las más utilizadas, subió de 1,48 a 2,50 dólares (69%) hasta octubre.
La mayor organización indígena de Ecuador (Conaie), de oposición, decidirá este viernes la fecha de una protesta nacional.
La Conaie, que participó en revueltas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y el 2005, lideraron en el 2019 violentas protestas contra la eliminación de subsidios a los combustibles, que dejaron once muertos y obligaron al entonces mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás.
