San Salvador. Después de un fin de semana tenso por el enfrentamiento entre el presidente y la oposición en el Congreso, El Salvador despertó el lunes con una pregunta flotando en el aire: ¿qué representó la presencia de militares en la Asamblea Legislativa de un país con poderes autónomos?

La tensión se disparó el domingo, cuando el mandatario Nayib Bukele llegó a la Asamblea Legislativa para encabezar una sesión extraordinaria que convocó para impulsar la aprobación de un préstamo de $109 millones que -asegura- le permitiría combatir la delincuencia y las pandillas. No obstante, solo asistieron 22 de los 84 diputados.

Lo que alertó a los salvadoreños, activistas, ONG y prensa internacional no fue la propuesta del gobernante ni el choque entre el oficialismo y sus detractores, sino que Bukele llegó acompañado del Ejército: armados con fusiles, cascos y chalecos antibala, militares y policías -algunos de las fuerzas especiales- se apostaron dentro del recinto.

Con una historia reciente marcada por una guerra civil que duró 12 años (1979-1992) y el control ejercido por militares -muchos de ellos actualmente señalados por su responsabilidad en varias masacres y matanzas-, la situación del fin de semana desató las alarmas de diversas instancias dentro y fuera del país centroamericano.

“Este fin de semana el país ha vivido un episodio bastante peligroso. Se estuvo al borde de un quebrantamiento del orden constitucional propiciado por el mismo presidente de la República”, dijo Jeannette Aguilar, una investigadora universitaria especializada en temas de seguridad y violencia.

Por su parte, Amnistía Internacional expresó en un comunicado que “las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos del país”.

Presencia de militares

Hasta el lunes no quedaba claro por qué Bukele había permitido la presencia militar en el Congreso ni por qué las zonas aledañas fueron militarizadas. Cientos de policías y militares armados con fusiles M-16 tomaron control y francotiradores permanecían en las azoteas de los edificios. Sin embargo, algunos lo interpretaron como un modo de presión.

“Es un polvorín en términos de fomentar un nivel de conflictividad que no se justifica a partir de la discusión de un préstamo, más bien esa fue la excusa para un forcejeo de poderes donde el presidente lideró este despliegue de abuso y fuerza”, agregó la académica.

Desde que inició su mandato en junio del 2019, Bukele se ha preciado de su estrategia de combate a las pandillas, que según cifras oficiales ha logrado reducir la violencia a costa de un importante despliegue de militares y policías en diversas partes del país.

Bukele, un político y empresario conservador de 38 años, que logró apelar a las masas por su acercamiento a la gente por medio de redes sociales, representaba para miles de votantes una esperanza de cambio porque no provenía de ninguno de los partidos que gobernaron durante las últimas tres décadas.

Antes del choque del domingo, el presidente apeló a las emociones de sus simpatizantes con un discurso que pronunció ante quienes acudieron al llamado para presionar a los diputados. Tras la negativa de los diputados para respaldar el préstamo solicitado, volvió a pronunciarse públicamente y dio un ultimátum a los legisladores: “Si estos sinvergüenzas no lo aprueban, el Plan Control Territorial, los volvemos a convocar al domingo”.

“Es una de las cosas más graves que hemos visto en los últimos 27 años de posconflicto”, destacó Aguilar. “Precisamente, es la militarización que se hizo del salón azul del Congreso con un despliegue militar y policial en donde prácticamente se estaba forzando a los diputados a respaldar al presidente”.

Si bien el lunes ya no había presencia militar en las calles y los salvadoreños realizaban sus actividades cotidianas sin que de momento se registraran protestas, los diputados suspendieron todas las comisiones de la Asamblea Legislativa, entre ellas la de Hacienda, que supuestamente discutiría la aprobación del préstamo de $109 millones para el Plan de Seguridad del Gobierno

El presidente del Congreso convocó de urgencia a la Comisión Política, en la que participan los líderes de todas las bancadas, para analizar los actos que promovió el mandatario y se espera que emita un pronunciamiento oficial.

Por su parte, el fiscal general, Raúl Melara lamentó lo ocurrido e indicó que un equipo de fiscales analizará la irrupción militar y ver si hay necesidad de tomar acciones penales.

“Si hay delito, es algo que se deberá de analizar”, manifestó Melara en un programa de entrevistas de la televisión local. Agregó que el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ya puso una denuncia, “y se va a estudiar”.