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Washington
Barack Obama está en la recta final de su mandato y el cierre de la prisión de Guantánamo sigue siendo un tema pendiente. El presidente de Estados Unidos quiere cumplir con su promesa de campaña y tiene un nuevo plan, pero para ello deberá negociar con férreos adversarios.
Lisa Monaco, asesora del presidente en antiterrorismo, y el jefe del Pentágono Ashton Carter, presentarán en setiembre en el Congreso un nuevo plan para cerrar esta cárcel, abierta hace 13 años en el sureste de Cuba para encarcelar en particular a los sospechosos de los atentados del 11 de setiembre de 2001.
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El cierre de la polémica cárcel fue una de las promesas electorales de Obama. El presidente aseguraba que era incoherente "conservar una prisión que el mundo entero condena y que los terroristas usan para reclutar".
Pero una vez en la Casa Blanca el mandatario su hundió en un embrollo jurídico y político.
El actual plan de cierre busca levantar las restricciones para trasladar presos a Estados Unidos. Para ello se están estudiando dos lugares: la cárcel militar de Fort Leavenworth (Kansas, centro) y la de Navy Brig en Charleston, Carolina del Sur (sureste).
La iniciativa podría suscitar resistencias a nivel local. Pero el principal obstáculo es determinar la suerte de los presos, que si bien son considerados demasiado peligrosos como para ser puestos en libertad, la mayoría no tiene acusación ni juicio.
Algunos advierten contra la tentación de perpetuar en suelo estadounidense un sistema de detención ilimitado. Eso, más que cerrar la prisión, equivaldría a trasladarla.
"No pueden simplemente cambiar el código postal de Guantánamo y esperar que eso ponga fin a los problemas de derechos humanos y borre la mancha que dejó Guantánamo en la reputación de Estados Unidos", expresó Naureen Shah, de Amnistía Internacional.
Para que el Congreso, de mayoría republicana, acepte levantar las restricciones a los traslados de presos, Obama sabe que tendrá que negociar con sus adversarios y firmar compromisos, a veces difíciles.
El gobierno deberá considerar que aceptar la propuesta de aplicar una forma de detención provisoria extendida es el precio que hay que pagar para dar vuelta esta página.
El senador republicano John McCain está a favor de cerrar la cárcel pero exige garantías para asegurar que estos presos no adquieran derechos adicionales.
Hoy quedan 116 presos de un pico de 600 que llegaron a estar recluidos en 2003. Entre ellos 75 yemeníes, uno de los mayores obstáculos para el cierre de la cárcel: ante la situación de violencia e inestabilidad en su país, su traslado es imposible.
De los 116 detenidos que quedan, prácticamente la mayoría sin inculpación ni juicio, dos se declararon culpables y siete serán enviados ante un tribunal militar, entre ellos los cinco acusados de los atentados del 11 de setiembre.
Pero 52 detenidos fueron considerados excarcelables, a menudo ante la falta de pruebas en su contra, pero se debe encontrar un país que los reciba.
"Nadie va a mandar a alguien a Yemen hoy", reconoció Cliff Sloan, ex enviado especial del departamento de Estado para el cierre de Guantánamo. Pero insistió en que estas dificultades no deben impedir que se continúe adelante con el plan de cierre. Varios países aliados ofrecieron ayuda al respecto.
"Debería haber traslados todos los meses", estimó. "Debería haber un sentimiento de urgencia por actuar", agregó Sloan.
Estados Unidos ha estado enviando prisioneros de regreso a su país de origen o hacia terceros países. Uruguay recibió como refugiados a seis exdetenidos de Guantánamo en diciembre pasado.
Pero últimamente los traslados parecen haberse estancado, lo que genera dudas acerca de la actitud del Departamento de Defensa, que parece arrastrar los pies.
La Casa Blanca asegura que "todo el equipo de Seguridad Nacional del presidente trabaja en unidad para mantener el compromiso del presidente de cerrar Guantánamo".
Pero entre las difíciles negociaciones en el Congreso y las tensiones en el seno de su propia administración Obama está lejos de haber ganado la batalla.
El caso Guantánamo fue uno de los primeros asuntos que el presidente quiso tratar al llegar a la Casa Blanca en 2009, pero probablemente también sea un tema que deberá dejar en manos de su sucesor en enero de 2017.
