EscucharManagua. Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega, afirmó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe que señala “impunidad estructural” y “crímenes de lesa humanidad” en el país centroamericano.
Los comicios ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, aseguró la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre”, advirtió.
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El informe, titulado Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, nota especialmente que no se ha implementado “ninguna” de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la Asamblea General de la OEA.
En su última reunión, en octubre del 2020, el órgano máximo de la OEA instó a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, aunque el gobierno de Ortega rechazó la resolución.
‘Régimen de terror’
El reporte de la CIDH destacó que este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de libertad. Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el “continuo hostigamiento” a las organizaciones civiles y de derechos humanos, y el acoso y la represión contra todo opositor.
Nicaragua se ha transformado en un “Estado policial”, donde el gobierno de Ortega, en el poder desde el 2007, “tiene instalado un régimen de terror”, con suspensión de los derechos fundamentales y un “intenso y sistemático” ataque a las libertades públicas “a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, aseveró la CIDH.
El documento subrayó además que, al responder a las masivas protestas antigubernamentales que estallaron en el 2018, el gobierno de Ortega “llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”. La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la CIDH.
‘Rechazo absoluto’
La CIDH manifestó que Nicaragua expresó su “no aceptación y rechazo absoluto” del informe, una copia del cual le fue remitida antes de su publicación.
“No es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”, comentó el gobierno de Ortega en su respuesta a la CIDH.
Agregó que lo consideraba “una franca obediencia y replica de los designios lesivos e injerencistas del Imperio Norteamericano, en su pretensión de lesionar nuestra soberanía y autodeterminación, de cara a su próximo proceso electoral”.
El documento remonta los orígenes del deterioro institucional de Nicaragua al llamado pacto “Alemán-Ortega” de 1999, sellado entre el entonces mandatario Arnoldo Alemán (1997-2002) y Ortega, quien ya había sido presidente entre 1985 y 1990 tras la revolución sandinista de 1979 que derrotó la dictadura de Atasnasio Somoza.
Según la CIDH, este acuerdo instauró un sistema bipartidista que propició la concentración de poder en el Ejecutivo, un proceso que se intensificó en el 2007, al asumir Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis iniciada en abril del 2018.
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