EscucharSanto Domingo. Johan Pérez cuida autos estacionados en la calle del “pequeño Haití”, un sector comercial de Santo Domingo. De madre dominicana y padre haitiano, le preocupa que el sentimiento “anti-haitiano” arrecie en este país durante el segundo mandato del presidente, Luis Abinader, reelegido el domingo.
Muchos haitianos viven hacinados y trabajan en puestos informales en este caótico sector del centro de la capital dominicana. Algunos edificios tienen el techo de cartón, frente a almacenes de paredes descascaradas.
LEA MÁS: Luis Abinader: firmeza ante la crisis haitiana y reelección confortable
Se vende desde caña de azúcar hasta electrodomésticos usados, pasando por ropa y legumbres.
La mayoría de los vendedores haitianos prefiere guardar silencio, y así evitar que su acento, un poco afrancesado, los delate ante las autoridades, que a diario hacen redadas en el lugar para capturar a aquellos que residen irregularmente y deportarlos.
“La cosa viene un poco más dura”, dice Pérez, de 32 años, mientras hace señas a un vehículo para estacionarse en el pequeño Haití, nombre popular que no existe en la nomenclatura oficial. “El tipo ahora es más fuerte”, dice en referencia a la victoria del presidente en la primera vuelta de los comicios del domingo.
Abinader, de 56 años, arrasó con una ventaja de cerca de 30 puntos respecto el segundo. Su victoria es una reivindicación de su política de mano dura contra la migración del empobrecido país vecino, asolado por una crisis crónica que se agrava ahora con la violencia que imponen las pandillas.
Pérez recuerda cómo, por ejemplo, la policía detuvo hace unos días a varios de sus amigos.
A escasos 10 metros de la esquina donde vigila los carros, un grupo fue sacado por la policía migratoria de una casa amarilla a empujones.
“No tenían papeles”, sigue. “Y los tiraron de cabeza” en un bus para migrantes detenidos.
Las deportaciones pasaron de 122.000 en 2022 a 250.000 en 2023, según datos oficiales.
Expertos aseguran que la principal característica para detener es el color de piel.
Una política “ácida”
Desde que llegó al poder en 2020, el mandatario impuso una política de mano firme frente a la migración haitiana: además de las redadas y expulsiones, reforzó la presencia de la fuerza armada en la frontera y levantó un muro de 164 km entre los dos países que prometió extender en su segundo mandato.
Pero muchos haitianos con papeles en regla corren el riesgo de caer en la ilegalidad, entre trabas burocráticas para renovar visados y permisos de residencia, muy costosos además para estas personas que mayoritariamente viven en la pobreza.
Le pasa a Niclas Legrand, de 60 años, en Santo Domingo desde 1987. Su carnet de residencia venció en 2022 y desde entonces solo tiene una pequeña constancia que indica que su trámite está en curso.
“Si dios quiere, se arregla Haití y vuelvo”, asegura Legrand, en su venta de pañuelos.
“Aunque yo estoy tranquilo aquí”, repara el comerciante.
Su caso en teoría no lo coloca en riesgo de deportación, pero la ONG especializada Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha) asegura que ha recibido denuncias de personas que fueron expulsadas pese a que tenían su documento en trámite.
“El Gobierno actual ha sido el Gobierno más ácido con el tema migratorio”, lamenta Joseph Cherubin, presidente de Mosctha, quien ve “una posibilidad” de que la dureza de las autoridades disminuya.
“Lo que estaba haciendo el presidente era por la coyuntura electoral porque el tema haitiano es importante cuando hay elecciones, lo ha sido históricamente”, precisa.
La tensa relación entre ambos países se remonta a 1822, cuando Haití colonizó República Dominicana, que recuperó su independencia 22 años más tarde. Algunos dominicanos, de hecho, suelen hablar hoy de la inmigración haitiana como la “segunda invasión”.
No obstante, son también muchos los dominicanos que se refieren a sus vecinos como “hermanos” y valoran el trabajo que realizan, que representa el 30% de la fuerza de la mano de obra en ganadería, agricultura y construcción de República Dominicana, según el Fondo de Población de Naciones Unidas.
