EscucharCaracas. El próximo viernes 15 de diciembre vence el plazo para que los líderes opositores recurran las inhabilitaciones que les impedirían postularse en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. Sin embargo, la cuenta regresiva avanza entre escepticismo.
El 30 de noviembre, representantes del presidente Nicolás Maduro y la oposición anunciaron “un mecanismo” para que aquellos inhabilitados que “aspiran a postularse como candidatos” soliciten al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la revisión de dichas sanciones.
María Corina Machado, exdiputada y ganadora de las elecciones primarias de la principal alianza opositora, descartó inicialmente acudir al TSJ, alegando que dicho tribunal favorece a Maduro.
No obstante, indicó que está evaluando los escenarios “día a día”: “Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada (...); por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente”, declaró a la prensa este miércoles.
En contraste, Henrique Capriles, candidato presidencial en dos ocasiones, instó el domingo a “todos los inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente” a recurrir al TSJ.
Capriles, quien renunció a la primaria opositora debido a su inhabilitación desde 2017, recordó que solicitó al tribunal revisar la medida en su momento: “Ya tengo siete años esperando”. Freddy Superlano, también inhabilitado y postulado a las primarias, declinó su aspiración para apoyar a Machado y afirmó: “No pienso ir (al TSJ) antes que María Corina y si María Corina decide no ir, tampoco iría”.
Las inhabilitaciones, utilizadas como una antigua herramienta del gobernante chavismo contra la oposición, son emitidas por la Contraloría. Aunque la ley autoriza a este organismo a tomar medidas administrativas contra funcionarios bajo investigación, la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
El 17 de octubre, en Barbados, el gobierno y la oposición acordaron celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. En respuesta, Estados Unidos flexibilizó sus sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela por seis meses, condicionándolo a la definición de un procedimiento para levantar las inhabilitaciones.
El experto electoral y periodista Eugenio Martínez señala que el mecanismo de revisión anunciado está contemplado en la ley. “No es una novedad”, afirmó Martínez a esta agencia, añadiendo que lo interesante es que se estableció un plazo hasta el 15 de diciembre para que los afectados presenten reclamos, pero no se fijó una fecha límite para que el TSJ tome una decisión.
Martínez recuerda que el TSJ nunca decidió en el caso de los diputados opositores cuya elección fue suspendida en 2015, lo que desencadenó una crisis que culminó con el chavismo desconociendo la mayoría opositora en el Parlamento.
El consultor político Gabriel Reyes comparte un escepticismo similar: “Estamos abriendo esta ventana, aunque tal vez pueda ser una pared de concreto”, advierte ante el temor de que el TSJ se convierta en “una alcabala” difícil de superar.
Destaca que en las negociaciones se planteó como urgencia que los inhabilitados pudieran participar en las elecciones, pero considera que la oportunidad de solicitar la revisión es una táctica dilatoria.
El acuerdo de Barbados estableció la necesidad de crear una vía que permitiera habilitar rápidamente a los candidatos presidenciales.
Un precedente con amparo cautelar ocurrió en 2017, cuando el TSJ permitió que el excandidato presidencial Manuel Rosales se postulara en las elecciones regionales a pesar de estar inhabilitado, resultando en su victoria en la gobernación del estado Zulia. Martínez destaca que el tribunal tardó dos años en responder.
Altos dirigentes chavistas, como Diosdado Cabello, advierten que “nunca” permitirán la candidatura de Machado, a quien acusan de solicitar una invasión extranjera a Venezuela y sanciones para derrocar a Maduro.
