Madrid. España se dispone a exhumar el jueves, tras varios retrasos, los restos de Francisco Franco de su monumental mausoleo en las afueras de Madrid, 44 años después del fin de una dictadura cuyas heridas no han terminado de cicatrizar.

El gobierno de Pedro Sánchez, en el poder desde junio del 2018, había hecho de la exhumación una de sus banderas para que el complejo del Valle de los Caídos deje de ser un lugar de “exaltación” de la dictadura franquista (1939-1975).

Es una "gran victoria de la dignidad, de la memoria, de la justicia, de la reparación y, por tanto, de la democracia española", dijo Sánchez este miércoles.

La exhumación, que se transmitirá en directo por la televisión, debe empezar a las 10:30 a. m. (2:30 a. m. hora de Costa Rica). Los despojos del dictador serán trasladados desde el Valle de los Caídos, a unos 50 km al noroeste de Madrid (en la sierra del Guadarrama), hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en el norte de la capital, donde descansa su esposa.

Si el tiempo lo permite, el traslado se hará en helicóptero.

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Sánchez prometió la exhumación para el verano boreal del 2018, pero se retrasó más de un año por la batalla judicial planteada por los descendientes del dictador que dirigió España con mano de hierro tras impulsar un golpe de Estado contra la II República española e imponerse en la Guerra Civil (1936-1939).

La oposición acusa al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de utilizar este traslado para conseguir réditos electorales a poco más de dos semanas de los comicios legislativos del 10 de noviembre, a los que llega en una situación comprometida por la semana de disturbios violentos en Cataluña.

Flores y homenajes

Encargada por Franco en 1940 para celebrar su “gloriosa cruzada” contra los republicanos “sin Dios”, la construcción del Valle de los Caídos duró casi 20 años y en ella participaron miles de presos políticos.

El complejo, situado en la sierra ubicada al norte de la capital española, consiste en una basílica horadada en la roca de la montaña y coronada por una enorme cruz de 150 metros de altura, visible desde muchos kilómetros a la redonda.

En nombre de una pretendida "reconciliación" nacional, el 'Caudillo' hizo trasladar tras la inauguración del mausoleo, en 1959, los cuerpos de más de 30.000 víctimas del conflicto.

Entre ellos había combatientes del bando franquista, pero también republicanos sacados de cementerios y fosas comunes sin informar a sus familias.

Desde su muerte en 1975, Franco ha estado en una tumba, siempre adornada con flores frescas, a los pies del altar de la basílica.

Sus descendientes interpusieron una salva de recursos contra la exhumación e intentaron reinhumarlo junto a su hija en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, pero el Tribunal Supremo español los rechazó.

La Fundación Francisco Franco, que defiende el legado del dictador, llamó a una manifestación el jueves en el cementerio de Mingorrubio para rezar "por quien tanto hizo por España y su grandeza", pero las autoridades la prohibieron.

El gobierno actúa en base a una decisión del 2017 del Parlamento español solicitando la exhumación de Franco, que entonces cayó en saco roto por la oposición del ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, del Partido Popular, cuyos diputados se abstuvieron.

Desde la adopción en el 2007 por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de una “Ley de memoria histórica”, la derecha acusa a la izquierda de querer reabrir las heridas del pasado.

Rajoy, en el poder entre el 2011 y el 2018, presumía de no haber gastado un euro para aplicar esta ley destinada a retirar los vestigios de la dictadura, identificar decenas de miles de cadáveres todavía enterrados en fosas comunes y reparar la memoria de los republicanos vencidos y condenados por el franquismo.

La exhumación de Franco, calificada este miércoles de "profanación" por un articulista del diario conservador ABC, hizo resurgir estas divisiones.

“¿Qué será lo siguiente? (...) ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36?”, declaró a principios de octubre la presidenta conservadora de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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