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Washington
La Cámara de Representantes aprobó el miércoles, por unanimidad, un proyecto de ley para que Estados Unidos vote en contra de que organismos multilaterales concedan préstamos a Nicaragua hasta que esa nación adopte medidas para celebrar elecciones libres.
La iniciativa, denominada Ley de Condicionalidad a las Inversiones Nicaragüenses (NICA por sus siglas en inglés),que debe ser refrendada por el Senado antes de recibir la sanción por parte del presidente Barack Obama, fue recibida con preocupación por sectores políticos y económicos del país centroamericano.
Por su lado, el gobierno de Daniel Ortega rechazó el jueves el proyecto, el cual consideró violatorio del derecho internacional e injerencista.
"En Nicaragua continuamos y seguimos profundizando la paz, estabilidad, gobernabilidad y avance, a través de propuestas inéditas" con miras a mejorar la actividad económica y la lucha contra la pobreza, aseguró la administración. Agregó que "ratifica su indeclinable e invariable vocación de paz, seguridad, tranquilidad y democracia", en las semanas previas a los comicios generales.
Según la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, una de las patrocinadoras del plan, este pretende "impedir que Ortega acceda a fondos internacionales hasta que adopte reformas que promuevan la democracia, fortalezcan el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos, y se celebren elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales".
El otro autor, el demócrata Albio Sires, dijo que "Estados Unidos debe mantenerse firme frente a Ortega mientras este se esfuerce por sofocar el proceso democrático e intente crear una dinastía Ortega, nominando a su esposa como su compañera de fórmula".
Nicaragua acudirá a elecciones presidenciales y legislativas el 6 de noviembre. El presidente Ortega aspíra a su segunda reelección desde que regresó al poder en el 2007, esta vez acompañado por su esposa, Rosario Murillo, como aspirante a la vicepresidencia.
La Coalición Nacional por la Democracia (CND, opositora) decidió en junio no participar en los comicios después de que la Corte Suprema de Justicia despojó a Eduardo Montealegre de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) y se lo otorgó a otro dirigente, Pedro Reyes.
Los opositores persiguen minar los planes de reelección de Ortega con llamados a la abstención para deslegitimar el proceso y exigir nuevas elecciones con observación internacional y un tribunal electoral imparcial.
Consecuencias para el país. Entre tanto, figuras de la oposición consideraron que esa iniciativa de ley es consecuencia de los actos del gobierno de Ortega.
"Es lamentable, pero es el resultado del desgobierno en que ha incurrido Ortega, que ha venido construyendo una dictadura irrespetando todos los derechos humanos", sostuvo la excandidata a vicepresidente opositora Violeta Granera.
El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, disidente) hizo responsable al mandatario de "llevar a Nicaragua por el peor de los caminos" de aislamiento internacional, inestabilidad política y mayor pobreza.
"Todavía es tiempo de evitar mayores males al pueblo nicaragüense. Y eso solo será posible si se restablece plenamente los derechos los nicaragüenses, añadió en un comunicado.
Para el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el proyecto de sanciones pone en evidencia que Ortega "se ha quedado sin amigos, sin defensores, en el Congreso por sus acciones que son percibidas como el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua".
En declaraciones al medio digital Confidencial, consideró que también es una reacción por el acercamiento del gobierno a Rusia en materia de defensa y por comportarse como "más madurista que Maduro (Nicolás, presidente de Venezuela)", una posición que en Washington --afirmó-- ser percibe como "un eje Caracas-Managua".
En lo económico-financiero, agregó, la aprobación de esa legislación golpearía fuertemente la economía local pues Nicaragua recibe créditos por $250 millones anuales de organismos como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin esta fuente de financiamiento, indicó el exministro, el crecimiento económico se vería debilitado y se desincentivaría la inversión extranjera y nacional. "Sería devastador", afirmó.
La ley dificultaría que Nicaragua reciba créditos a largo plazo y bajo interés de organismos financieros en los que Estados Unidos tiene gran influencia.
El consultor económico Néstor Avendaño advirtió de que una medida semejante incidiría en una desaceleración del crecimiento económico y tendría efectos negativos en la inversión de infraestructura, consumo privado y público.
Nicaragua tiene la economía más pequeña de Centroamérica, con un crecimiento promedio de entre 4% y 5% en los últimos 10 años, con inflación que ha oscilado entre 5% y 7%.
Entre los escenarios más catastróficos señalados por Avendaño es que el gobierno se vea obligado a reducir el gasto público y el empleo, y provocar una expansión del déficit fiscal y un aumento de la inflación.
Estados Unidos es uno de los principales socios económicos de Nicaragua con ventas que representan 65% del total de exportaciones del país centroamericano e inversiones que suman $410 millonesal año, según datos del 2015.
Nota del editor: información actualizada a las 5:40 p. m.
