EscucharWashington. Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos, argumentando que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.
La acción legal contra el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que la implementación de la aplicación CBP One, activada este año por la administración del presidente Joe Biden para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.
“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, señala el texto legal presentado en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.
El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero, ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.
El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política para desincentivar cruces ilegales.
Este mes, las autoridades informaron que entre enero y junio, 170,000 personas programaron a través de CBP One una cita para presentarse ante un puerto de entrada.
Sin embargo, decenas de migrantes apostados en ciudades fronterizas de México e imposibilitados para presentarse personalmente ante la frontera en busca de asilo criticaron el recurso desde su activación en enero, al igual que activistas.
Acceder a la aplicación exige tener un teléfono inteligente, internet y electricidad, lo que no es común entre migrantes que realizan largos y peligrosos periplos huyendo de sus países de origen.
“Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su tecnología discriminatoria de reconocimiento facial impide a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita”, dijeron las organizaciones demandantes este jueves en un comunicado.
El documento legal establece que al devolver a los migrantes que no tengan una cita en la aplicación, se les expone a mayores peligros.
“La nueva política de devolución de la administración Biden es solo la última manifestación del esfuerzo de varios años del gobierno de los Estados Unidos para bloquear el acceso al asilo en la frontera sur”, dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que representa a las organizaciones y a los migrantes en la demanda.
“Al mantener el asilo detrás de una aplicación de teléfono inteligente inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados”, agregó.
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Esta demanda es el más reciente desafío legal que enfrenta la administración Biden en materia fronteriza, ya que se enfoca en desarrollar programas y alternativas de migración legal en un intento de disminuir las estadísticas de cruces no autorizados.
