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Tegucigalpa
El embajador estadounidense en Tegucigalpa, James Nealon, insistió el viernes en reclamar una "investigación exhaustiva" sobre el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, y reiteró el apoyo de su país para perseguir a los responsables del crimen.
"Es vital (que) Honduras lleve a cabo investigación exhaustiva y lleve a involucrados en asesinato de Cáceres ante la Justicia" , subrayó el diplomático en su cuenta de la red social Twitter.
Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo en su casa en la ciudad occidental de La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar.
En el ataque también resultó herido el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas, quien aún permanece en Honduras por orden de un juzgado.
El Gobierno de Honduras informó el 6 de marzo que las declaraciones de Castro son fundamentales "para los entes operadores de Justicia del Estado, previo a su salida del país" .
Señaló además que Castro "mantiene todas las medidas de protección en aplicación a la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, en cumplimiento a la normativa nacional" , según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
Apoyo de EE. UU. El embajador estadounidense señaló además que un equipo de investigadores de su país llegó el pasado domingo a La Esperanza para sumarse a la indagación del crimen de la defensora de derechos humanos y líder indígena.
"Asistencia técnica de los EE. UU. para la investigación en Honduras está en curso y con ella, nuestro compromiso total de que se haga justicia" , enfatizó.
De acuerdo con informes de los medios locales, el equipo incluye a dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Cáceres gozaba desde el 2009 de medidas cautelares de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , aunque autoridades de la Secretaría de Seguridad de Honduras dijeron el día del crimen que la activista en principio había aceptado dicha seguridad, pero luego pidió que fuera suspendida, algo que su familia ha desmentido.
