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Guatemala. AP y AFP. Un juez de Guatemala dictó prisión el miércoles contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por fraude fiscal y desfalco en el sistema nacional de aduanas.
“Hay peligro de fuga porque la persona es ciudadana italiana, existe la sospecha de que se pueda sustraer a la acción investigativa del Ministerio Público”, argumentó el juez Miguel Ángel Gálvez.
“La investigación se está dando con características especiales porque se investiga a personas involucradas dentro del Estado, funcionarios de la escala más alta”, agregó.
Gálvez pidió a las autoridades carcelarias que en un plazo de tres días envíen a Baldetti al penal femenino de Santa Teresa, un centro ordinario en el que no gozará de privilegio por su condición de ex vicepresidenta.
La cárcel debe tener, sin embargo, las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la acusada.
Mario Cano, abogado de Baldetti, responsabilizó al juez de lo que pueda ocurrirle a ella en esa prisión porque “no es una persona común”.
La Fiscalía tiene tres meses para argumentar la acusación y presentar las pruebas ante otro juzgado, el cual determinará si Baldetti enfrentará un juicio oral y público por los delitos que se le imputan.
Según la investigación, los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Golpe a presidente. La decisión judicial parece un nuevo golpe para el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien está acusado de dirigir la red de corrupción para defraudar al fisco junto a Baldetti , entonces su mano derecha.
La denuncia contra Pérez Molina la hizo la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instituida por Naciones Unidas en el 2006 a pedido del Gobierno guatemalteco.
Una veintena de funcionarios, incluidos seis de los 14 ministros , han abandonado el barco de Pérez, un general retirado de 64 años, mientras que la cúpula empresarial rompió su alianza con el gobernante y exigió su renuncia.
Para Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH) , el abandono de gran parte de su círculo más cercano “deja en total soledad al presidente, quien sin lugar a dudas ya no ejerce más que de manera formal el papel de presidente”.
Para complicar la situación del mandatario, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) avaló un pedido de la Fiscalía para que el Congreso le levante la inmunidad a Pérez Molina y pueda enfrentar cargos de corrupción.
“Si el presidente no renuncia estaría sentando un precedente nefasto para la historia del país”. Querría decir que “quien ejerce el poder puede cometer hechos delictivos sin tener siquiera una sanción de carácter moral que le retire del poder”, dijo Santos.
El mandatario fue señalado el viernes como cabecilla, junto a Baldetti, de la red de defraudación aduanera denominada La Línea , y ese mismo día la Fiscalía pidió iniciar el proceso para despojarlo de la inmunidad.
Pérez descartó el domingo renunciar pese a la presión popular, y manifestó que permanecerá en el poder hasta el fin de su mandato, el 14 de enero del 2016. Las elecciones generales de Guatemala se celebrarán el domingo 6 de setiembre, pero el presidente no asume su cargo hasta principios del año entrante.
Protesta. Mientras tanto, las protestas para exigir la renuncia del mandatario continuaron este miércoles. Al menos ocho tramos de carreteras fueron bloqueados mientras en la capital se realizaron marchas y el Ministerio de Finanzas fue ocupado por trabajadores.
Un grupo del sindicato de empleados de esa cartera ocupó el edificio para exigir a las autoridades judiciales que investiguen a funcionarios implicados en actos de corrupción.
Además, miles de profesores marcharon en la capital para exigir reformas sociales.
Los maestros caminaron por varias calles del centro histórico para demandar a las autoridades, principalmente al Congreso, el impulso de cambios políticos “que refunden al Estado de Guatemala”.
