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Copenhague. El juicio contra la exministra de Migración de Dinamarca, Inger Støjberg, se inició este jueves ante un tribunal especial para enfrentar cargos de separar ilegalmente a parejas que llegaron al país en busca de asilo.
Los 26 jueces del tribunal, que solo es convocado para juzgar a miembros del gobierno, determinarán al cabo del proceso si la exministra Inger Støjberg violó la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
La primera de las 36 jornadas de audiencia estuvo dedicada al inicio de la presentación del caso por parte de la Fiscalía.
“Espero ser declarada inocente”, expresó a su llegada al tribunal la exministra de 48 años. Deberá testimoniar a partir del 13 de setiembre.
El profesor de derecho Frederik Waage señaló que se trata del tercer caso de este tipo en más de un siglo, y lo calificó de “histórico”.
Støjberg ordenó la separación de 23 parejas en el 2016 en casos donde la mujer tenía menos de 18 años, aunque la diferencia de edad con la pareja era pequeña, sin examinar cada caso individualmente.
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Se la acusa también de “mentir o inducir al error” a comités parlamentarios cuando les informó de su decisión. La exministra niega los cargos.
Aunque inicialmente las “informaciones incorrectas o que podían inducir a error” se consideraban una condición agravante, no fueron presentadas como tal a la lectura del acta acusatoria.
Støjberg ha aparecido reiteradas veces en la prensa internacional por el manejo que hizo de los temas migratorios durante su gestión ministerial, del 2015 al 2019, en un gobierno de centroderecha que incluía partidos populistas antinmigrantes.
La exministra y actual legisladora asumía las políticas antimigratorias y se enorgullecía de haber adoptado más de 110 enmiendas que restringen los derechos de los extranjeros.
En su mandato impulsó una ley que permite a Dinamarca confiscar bienes de los migrantes para financiar su permanencia en el país.
Decisión polémica
Dirigiéndose en febrero al parlamento, cuando los legisladores decidieron abrir un juicio en su contra, Støjberg dijo que hizo “lo único político y humano” para combatir los matrimonios forzados de menores.
“Imagine llegar a un país como Dinamarca, un país de igualdad, siendo una joven víctima de un matrimonio forzado y descubre que, en vez de tener la posibilidad de salir de ese matrimonio forzado, el Estado la obliga a permanecer (con la pareja) en un centro de recepción”, declaró.
De los 179 miembros del parlamento, 139 votaron a favor del juicio de destitución, con 30 en contra y 10 ausentes.
Se trata de la tercera vez desde 1910 que un miembro del gobierno es juzgado por la Corte de Destitución.
El último caso data de 1993, cuando el exministro de Justicia Erik Ninn-Hansen fue declarado culpable de suspender ilegalmente las reunificaciones familiares para refugiados de Sri Lanka en 1987 y 1988.
Recibió una sentencia suspendida de cuatro meses de prisión.
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De ser condenada, Støjberg podría tener que pagar una multa, afirmó Waage, de la Universidad del Sur de Dinamarca.
“En el caso de Erik Ninn-Hansen, probablemente hubo muertos a causa de sus decisiones. En el caso de Inger Støjberg no es tan serio”, aclaró.
Sin embargo, consideró que las acciones de Støjberg podrían haber violado la convención europea, que estipula que las familias de migrantes no pueden ser separadas.
El gobierno socialdemócrata que tomó el poder en el 2019 no ha revocado las restricciones migratorias, y más bien presentó iniciativas aún más severas.
No obstante, Waage destacó que el actual gobierno ha intentado mostrar que sus medidas no son ilegales.
La Corte de Destitución programó 46 días de audiencias.
