Tegucigalpa. ACAN-EFE La propuesta de crear una policía militar en Honduras ha desatado la polémica y algunos analistas y políticos han alertado que empeorará la seguridad pública en el país, donde, a diario, mueren en promedio 20 personas de forma violenta.

El proyecto es impulsado por el presidente del Parlamento de Honduras, Juan Orlando Hernández, también candidato presidencial por el gobernante Partido Nacional en las elecciones generales de noviembre próximo.
Los sectores más críticos, incluido el ombudsman Ramón Custodio, consideran que el titular del Parlamento pretende militarizar la seguridad pública, algo que rechaza Hernández,
En opinión de Marvin Ponce, diputado del minoritario y opositor Partido Unificación Democrática y uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, la iniciativa, denominada Policía Militar de Orden Público, “atentaría contra la seguridad pública” de Honduras.
El proyecto establece que unos 30.000 soldados en reserva de las Fuerzas Armadas conformen una policía militar para combatir la violencia en Honduras.
Según el diputado, la medida les otorgaría “mucho poder a los militares, que estuvieron casi 20 años” al mando del país, hasta 1980, cuando retornó la democracia.
Hernández reiteró el pasado miércoles que “es necesaria” la presencia de los militares en las calles para combatir la inseguridad que golpea a Honduras.
Sin resultados. El presidente hondureño, Porfirio Lobo, aprobó en el 2011 la participación de militares en operativos policiales, estrategia que, según diversos sectores, no ha funcionado.
Xiomara Castro, candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009, opina que “los militares deben retornar a su labor de defender la soberanía y el territorio”.
Por su parte, el analista político Raúl Pineda dijo que involucrar a los militares en el combate del crimen organizado y la delincuencia común “históricamente no ha funcionado y resulta peligroso, porque al país le costó muchos años hacer que el Ejército asumiera su rol”.
Además, abogó porque se “depure y modernice” la Policía; de lo contrario, la crisis de inseguridad “se va seguir reflejando”.
El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura rechaza la iniciativa pues aumentaría “la militarización de la sociedad”.