Buenos Aires. A ocho días de asumir la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández acudió este lunes a los tribunales para declarar en un juicio en su contra por presunta corrupción, que ella denuncia como parte de un plan para "destruir a líderes populares y democráticos".

Se trata de la primera vez en que la exmandataria (2007-2015) habló en su defensa ante el tribunal que la enjuicia como supuesta jefa de una asociación ilícita, acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez en el otorgamiento de licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia).

Un puñado de simpatizantes la esperó a las puertas de los tribunales con una pancarta que decía "Te abrazamos hasta tu regreso. Gracias Cristina". También gritaron consignas pidiendo que se televise su intervención.

Vestida con una chaqueta blanca, Fernández ingresó hacia las 9:30 a. m. (hora local) sin hacer declaraciones a la prensa.

Sus abogados solicitaron que la audiencia pública fuera transmitida en directo por televisión, pero el tribunal no lo autorizó.

Sin embargo, algunos de sus aportes fueron transmitidos brevemente desde dentro de la sala por un canal de televisión.

En esa intervención, Fernández reprochó el tratamiento recibido en este y en otros casos en los que se la indaga, y especialmente criticó que se haya incluido a sus hijos Máximo y Florencia en una de las causas.

"Impidieron que mis hijos o yo tengamos tarjeta de crédito", deploró, en referencia al embargo de cuentas bancarias. También denunció lo que llamó "allanamientos cinematográficos" a sus tres domicilios, en otra de las causas, y "escuchas ilegales".

Fernández insiste en que los procesos judiciales en su contra responden a una persecución política.

‘Argumentos endebles’

La sesión se extendió durante cuatro horas.

Al cabo de la indagatoria, Carlos Beraldi, su abogado principal, reiteró la idea de que el juicio tiene una motivación política y dijo a la prensa que "quienes van a tener que explicar por qué ella está en este juicio son los que la han llevado (ante el tribunal)".

"Son argumentos muy endebles. No había razón jurídica", insistió.

Horas antes, Fernández había escrito en Twitter: "En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático".

La expresidenta, quien gobernó entre el 2007 y el 2015, asumirá como vicepresidenta el próximo 10 de diciembre, tras la victoria electoral de la fórmula peronista de centro-izquierda que integró con Alberto Fernández.

Actualmente, como senadora, tiene fueros parlamentarios que la han eximido de cumplir con la prisión preventiva solicitada por los jueces.

Cuando sea vicepresidenta, y por tanto también presidenta del Senado, se requeriría de un juicio político en el Congreso antes de retirarle los fueros.

A Fernández, de 66 años, le quedan ocho procesamientos, la mayoría por acusaciones de contrataciones irregulares y cohecho pasivo cuando era jefa de Estado. Cuatro han sido elevados ya a juicio oral, aunque sin fecha de inicio.

Dos causas, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (Hotesur y Los Sauces), que implican también a sus hijos Máximo y Florencia, tendrán un juicio unificado.

Otras dos son por la venta de “dólar futuro”, que ella defiende como una medida de política monetaria, y por encubrimiento a raíz de la firma de un memorando con Irán en la causa que investiga el atentado en el centro judío AMIA que causó 85 muertos en 1994.