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Las autoridades estadounidenses arrestaron el lunes al expresidente panameño Ricardo Martinelli, con base en una orden de extradición emitida por su país.
Manny Puri, vocero del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, dijo que Martinelli estaba bajo custodia en un centro de detención federal en Miami.
El ex mandatario fue arrestado cerca de su casa en Coral Gables, Florida, donde habitaba desde el año 2015.
Está acusado de corrupción y de espiar a adversarios en Panamá.
Se prevé que Martinelli comparezca ante un juez para una audiencia de extradición.
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Quien fuera presidente de 2009 a 2014 ha negado haber violado la ley y asevera que el caso es una persecución política de su sucesor.
En febrero, los fiscales en Panamá dijeron además que solicitaron ayuda internacional para detener a dos de sus hijos en relación a una presunta confabulación para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
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El gobierno panameño solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli por este caso.
El mes pasado la Interpol emitió "alerta roja", acogiendo la petición de la justicia panameña de detenerlo.
En Panamá, Carlos Carrillo, uno de los abogados de Martinelli, manifestó a los periodistas que su equipo legal en Panamá "no va a dar declaración alguna sobre su situación legal en estos momentos", algo que –indicó– solo harán sus abogados en Miami.
Carrillo indicó "la defensa del expresidente Martinelli va a ejercer todos los derechos y garantías que le consagra el Estado de derecho".
Agregó que "es totalmente falso que se le haya negado solicitud alguna", en lo que sería una alusión a un pedido de asilo en Estados Unidos, donde sus abogados "están atendiendo los trámites correspondientes al caso".
Desde el fin de su mandato se han abierto 200 investigaciones sobre su gestión, según la sección panameña de Transparencia Internacional, mientras la justicia ha admitido cerca de una decena de denuncias en su contra.
Entre los casos figura la presunta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares por la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, uso de cuentas secretas para cometer fraudes, cobro de comisiones por evasión fiscal e indultos cuestionados.
Información actualizada a las 10:30 p.m.
