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México. Colectivos de familiares de personas desaparecidas y activistas se manifestaron este jueves en distintas localidades para denunciar el “terror, barbarie e impunidad” que reina en México, donde se desconoce el paradero de unas 37.000 personas, según cifras oficiales.
En la capital se manifestaron un centenar de personas en el emblemático Paseo de la Reforma y otros ante la catedral Metropolitana, donde tuvieron roces con personal del recinto religioso que arrancó imágenes de personas desaparecidas colocadas en las rejas que rodean el templo.
"Aunque la justicia tardía no es justicia, queremos saber quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, quiénes dieron esa orden", clamó una madre al leer un manifiesto del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
En la protesta, enmarcada en el Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, destacaron innumerables fotografías de personas reportadas como desaparecidas en este país que es golpeado por una ola de violencia ligada al narcotráfico.
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"Seguimos sin tener certeza de la cantidad real de personas desaparecidas, las cifras oficiales apuntan que son más de 37.000, sabemos que son miles más y el Estado también lo sabe (...) en este México de terror, barbarie e impunidad", señala el movimiento.
Esta organización manifestó su preocupación de que el presidente electo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mantenga a las fuerzas armadas en las calles para combatir al crimen organizado pese a que en su campaña envió mensajes contrarios.
En diciembre del 2006, el gobierno federal lanzó el controvertido operativo militar antidrogas y desde entonces, en medio de una escalada de violencia, se han registrado más de 200.000 muertes según cifras oficiales, que no especifican cuántas estarían ligadas al crimen organizado.
Un caso emblemático de desapariciones es el de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.
Los jóvenes fueron detenidos la noche del 26 de setiembre del 2014 por policías, quienes los habrían entregado a un cartel local que los habría asesinado para luego incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río, según la Fiscalía general.
Esa hipótesis ha sido duramente criticada por familiares de los chicos y activistas, en tanto fue descalificada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizaron una investigación independiente.
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El miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó la hipótesis de la Fiscalía general, lo que desató numerosas criticas.
En respuesta a Peña Nieto, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación independiente, recordó que no encontraron elementos para sustentar la incineración de 43 cuerpos.
En un comunicado, el equipo argentino lanzó un llamado a ampliar la investigación “para que se les pueda dar una respuesta certera (a los padres) sobre lo ocurrido con sus hijos”.