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Managua. Aislamiento, constantes interrogatorios, amenazas y falta de comida: familiares de 36 opositores nicaragüenses presos denuncian sus condiciones de reclusión, consideradas “graves” por organismos de derechos humanos.
Casi tres meses después de la detención de 36 opositores al gobierno de Daniel Ortega, incluidos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del próximo 7 de noviembre, las autoridades permitieron la semana pasada que sus allegados los visitaran durante 20 o 30 minutos en la cárcel El Chipote.
Ana María Chamorro, hermana del aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, detenido el 8 de junio anterior, relató que este ha perdido unos 11 kilos, se ve pálido y demacrado.
“La falta de información de lo que pasa afuera es lo más difícil. Lo interrogan a diario, 87 días de interrogación y tortura psicológica, le dicen cosas que no son verdad. Que a su esposa la van a llevar presa, que le han quitado la propiedad”, contó Chamorro.
Dijo que han colocado en la celda de su hermano una bujía encendida permanente que le desorienta sobre el tiempo.
“Mi papá pasó dos meses y medio solito en una celda pequeñita, donde la cama es de concreto con una colchoneta delgada, sin frazada para el frío y para hacer sus necesidades fisiológicas lo que hay es un hoyo en el piso”, aseguró a la AFP Cristian Tinoco, hija del exvicecanciller Víctor Tinoco, de 69 años.
La visión de un hombre en extremo “flaco, pálido, (con) el pelo blanco, la barba crecida y movimientos lentos” generó un fuerte impacto en Cristian, la mayor de cuatro hermanos y quien padece de un cáncer de pronóstico delicado.
Ortega, de 75 años, está en el poder desde 2007 y buscará en noviembre un cuarto mandato consecutivo. Ha calificado a los opositores presos de “criminales”, de “agentes del imperio yanqui” y de “conspirar para derrocar su gobierno”.
Su gobierno acusa a los detenidos de promover la injerencia extranjera en “menoscabo de la soberanía”, al amparo de leyes aprobadas en diciembre que tipifican esas acciones como “traición a la patria”. La justicia ha iniciado procesos contra la mayoría de los detenidos.
‘Habla con las arañas’
Los familiares aseguran que los detenidos están en total aislamiento, sin alimentación adecuada y sin atención médica.
La dirigente feminista Tamara Dávila también está aislada. La tienen “en una celda con puerta empernada, sin barrotes. Es una celda clausurada, no puede ver a nadie”, contó una familiar de la opositora que prefirió reservar su identidad.
Dávila, desde que fue detenida el 12 de junio, “no ha hablado con nadie.
No hay interacción humana, de repente habla con un pajarito que llega a su techo, habla con las arañas para espantar la soledad y el silencio”, contó su pariente.
‘No lo dejen morir de hambre’
Lesbia Alfaro declaró a la prensa que su hijo, el opositor universitario Lesther Alemán, detenido el 5 de agosto pasado, “casi no puede ponerse de pie ni caminar”.
Lesther manifestó a su abogado que se le entumecen los pies y ha bajado unos nueve kilos de peso porque no recibe suficiente comida, según su madre.
Alemán fue una figura relevante de las protestas del 2018, cuando en el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales increpó con la mano alzada a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“Rindánse ante este pueblo”, les exigió entonces.
“Yo (lo que) pido es que nos ayude la Cruz Roja, que intervenga para que lo atienda un médico y no lo dejen morir de hambre”, rogó su madre.
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‘Que cese la persecución’
La ONU urgió este lunes al gobierno de Ortega que cese la persecución y la represión en Nicaragua.
“Resulta imperativo que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, afirmó desde Ginebra la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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Reclamó además a Ortega que “libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas” desde las manifestaciones que estallaron en abril del 2018 y que dejaron más de 300 muertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Bachelet condenaron recientemente “la criminalización, faltas al debido proceso y graves condiciones de detención de personas consideradas como opositoras en Nicaragua”.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte– IDH) pidió visitar el país para “verificar la situación de las personas detenidas”.
“Si no van a liberar a los presos políticos, que dejen de matarlos despacio negándoles comida, sueño, sol, libros”, reclamó la escritora nicaragüense Gioconda Belli.
‘Libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas’.
— Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
