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Panamá y otras procedencias
La constructora brasileña Odebrecht devolverá al Estado panameño más de $59 millones que pagó en sobornos para obtener la adjudicación de obras, informó este jueves la fiscala general panameña, Kenia Porcell.
"He recibido (de Odebrecht ) el compromiso formal y de manera verbal de entregar en un breve plazo los primeros $59 millones como pago de sobornos a personas naturales y jurídicas panameñas", dijo Porcell en una comparecencia pública.
"Odebrecht nos manifiesta su deseo de colaborar eficazmente con las investigaciones que se llevan en la República de Panamá", añadió.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó en diciembre un informe que indica que esta compañía pagó en Panamá entre el 2010 y el 2014 más de $59 millones en sobornos a cambio de contratos valorados en más de $175 millones.
El Gobierno panameño prohibió a Odebrecht, uno de los principales contratistas en el país centroamericano, participar en futuras licitaciones públicas mientras no devuelva el dinero cobrado en comisiones.
Porcell también indicó que dos bancos en Panamá, los cuales no citó, están "suministrando información" sobre este caso, aunque no dio mayores detalles.
Reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de seguir con las investigaciones para "acreditar los delitos y ubicar a los autores y partícipes" de los actos de corrupción.
La Contraloría de Panamá ordenó investigar a Carlos Ho González, funcionario del Ministerio de Obras Públicas durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014), por supuesto enriquecimiento injustificado.
De su lado, Ho González ha negado las acusaciones.
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Aunque los documentos no divulgan nombres, algunos medios de prensa han vinculado a dos hijos de Martinelli con esta trama internacional, pero los acusados también han negado los señalamientos.
Martinelli, quien vive un exilio voluntario en Miami, es requerido por la Justicia de su país por cargos de espiar a opositores a su gobierno y por casos de corrupción.
También en otros países. El escándalo por los sobornos de Odebrecht afecta a otros países latinoamericanos, entre ellos Colombia y República Dominicana.
En el país suramericano, el presidente Juan Manuel Santos, pidió este jueves a la Fiscalía agilizar las pesquisas sobre eventuales sobornos a funcionarios colombianos.
"Le hemos pedido a la Fiscalía que acelere las investigaciones", dijo el mandatario en entrevista con Caracol Radio, destacando que el ente acusador "ha hecho un trabajo muy importante" sobre el caso.
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El Gobierno de Colombia anunció en diciembre la cancelación de los contratos en los que se comprueben actos de corrupción de la constructora Odebrecht.
Tras aquella publicación, el Gobierno informó de que Odebrecht obtuvo tres convenios con el Estado.
En República, Dominicana, en tanto, la Procuraduría solicitó el jueves inhabilitar a la compañía brasileña para que no pueda asumir nuevos contratos con el Estado mientras dure la investigación sobre supuestos sobornos millonarios a funcionarios locales.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, detalló que envió su solicitud a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para que impida que el Estado vuelva a contratar a Odebrecht. Dijo que también envió una solicitud similar al poder Judicial para que un tribunal ordene esa prohibición, de manera cautelar.
Rodríguez envió sus solicitudes como parte de la investigación que abrió a finales de diciembre para determinar el destino de cerca de $92 millones que Odebrecht admitió ante autoridades estadounidenses haber pagado como coimas en República Dominicana a cambio de conseguir contratos con el Estado.
El procurador y la fiscal anticorrupción, Laura Guerrero, interrogaron esta semana al gerente de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, quien les aseguró que la compañía no pagó sobornos a ningún funcionario, sino que entregó los $92 millones a un intermediario.
El Ministerio Público interrogó la víspera al empresario local Ángel Rondón, quien ha fungido por varios años como representante comercial de Odebrecht, quien, según las declaraciones del procurador, confirmó que recibió cerca de $92 millones de la compañía, pero no para pagar sobornos, sino como "servicios de representación comercial".
