EscucharLima. Un juzgado supremo peruano evalúa este jueves un pedido de la fiscalía para mantener bajo custodia durante siete días al destituido expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de estado de la víspera.
Castillo está presente en la audiencia, transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial desde la base policial donde permanece detenido desde el miércoles.
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“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa el requerimiento de detención preliminar por flagrancia por siete días contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por delito de rebelión y conspiración”, anunció el Poder Judicial en la red social Twitter.
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de #DetenciónPreliminar contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración). pic.twitter.com/qFwPpZEUUs
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 8, 2022
Castillo está acompañado de uno de sus abogados, Aníbal Torres, quien fuera su ministro de Justicia y jefe de gabinete durante su gobierno (2021-2022). El expresidente de 53 años, que luce abrumado y con el rostro desencajado, viste la misma casaca azul con la que se le detuvo el día anterior.
Castillo rehusó, visiblemente nervioso, intervenir ante el juzgado para replicar las imputaciones en su derecho a defensa, cediendo a sus abogados la palabra. “Resulta claro que acá no se configuró el delito de rebelión” porque este no se concretó, alegaron los abogados de Castillo.
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“Pedimos declarar infundado el pedido de la fiscalía”, subrayó su defensa, indicando que no se consumaron los hechos que se le imputan ya que ni el Congreso ni las fuerzas armadas acataron la orden de disolución ni de implementar un toque de queda. La decisión del tribunal se conocerá “en el plazo de ley más breve posible”, anunció el tribunal.
La policía detuvo a Castillo el miércoles en la tarde, cuando se dirigía a la embajada de México en la capital peruana para pedir asilo. La fiscalía le atribuye los delitos a Castillo tras disponer el cierre temporal del Congreso, la intervención del sistema judicial y decretar un gobierno de excepción al margen de la Constitución.
Los delitos imputados a Castillo se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión. En las afueras de la base de las fuerzas especiales de la policía donde se encuentra el exmandatario, al este de Lima, un grupo de simpatizantes de Castillo exigía su libertad.
Perú vive una cascada de sucesos en medio de una crisis política interminable que llevaron al poder el miércoles a Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta.
