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La Paz. Autoridades bolivianas de distinto signo ideológico llamaron este sábado a la pacificación del país, tras la muerte -la víspera- de al menos cinco campesinos leales al exmandatario Evo Morales en enfrentamientos con la Policía, ante lo cual la ONU advirtió contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte del nuevo gobierno.
“Estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. No podemos vivir de luto”, reclamó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales.
“Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas (nuevas) elecciones”, dijo Copa.
Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, declaró antes que las gestiones para acabar con la violencia deben involucrar “al país completo”. Expresó: “Depongamos esa actitud (de confrontación) y, por el contrario, busquemos cosas que nos unen”.
Sin embargo, una “concentración por la paz”, convocada por asociaciones vecinales de La Paz para pedir por el cese de la violencia tras casi cuatro semanas de protestas, enfrentamientos y saqueos, fue suspendida a último momento por los organizaciones “por razones de seguridad”, según dijeron los organizadores.
A unas cuadras de esa fallida concentración, marchaban unos mil campesinos llegados desde una población cercana a La Paz para manifestarse en contra del gobierno provisional y a favor de Morales.
Morales, asilado en México desde el martes, renunció el domingo 10 de noviembre tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas, después de tres semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre.
Bolivia, bajo la mira por fuerte represión policial.
— AJ+Español (@ajplusespanol) November 15, 2019
Estas imágenes son de Cochabamba, donde campesinos cocaleros e indígenas participantes en una protesta a favor de Evo Morales han sido reprimidos tras manifestarse.pic.twitter.com/hr2PFvDOv1
Jean Arnault, enviado personal del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres para sumarse a una mesa de negociación entre oficialistas y congresistas afectos a Morales, tuvo este sábado un primer contacto con la mandataria interina, Jeanine Áñez, en el palacio Quemado (sede gubernamental) de La Paz.
Con Áñez habló acerca de “la pacificación”, “y de la necesidad urgente de un diálogo y a conseguir el objetivo anhelado de la celebración de elecciones transparentes” (un compromiso asumido por la presidenta interina), declaró.
La violenta jornada del viernes, que arrojó cinco campesinos cocaleros muertos, según el gobierno, y ocho, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, elevó a 20 el número provisional de fallecidos desde el inicio de los conflictos.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el sábado de que el “uso innecesario o desproporcionado” de la fuerza policial o militar puede llevar a la situación en Bolivia a “salirse de control”.
“Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 solo en los últimos seis días”, agregó.
También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, escribió en Twitter.
Activistas de los derechos humanos en Bolivia han pedido a la CIDH enviar una misión de verificación al país.
Reproches mutuos
El gobierno y el exmandatario Morales se acusaron de alentar la convulsión en Bolivia, y la situación se tornó crítica el viernes cuando fuerzas de seguridad repelieron a cientos de manifestantes cocaleros que intentaron romper un cerco militar para ingresar a la ciudad de Cochabamba.
El número de fallecidos podría subir debido a la gravedad de algunos heridos.
Varios fallecidos murieron por bala. “Hubo uso desproporcionado de la fuerza que debe investigarse”, declaró Nelson Cox, representante de la Defensoría en Cochabamba donde ocurrieron los hechos.
Cientos de cocaleros del Chapare, bastión de Morales, llegaron a Cochabamba, en el centro del país, pero un cordón militar-policial les cerró el paso hasta que el viernes los manifestantes rompieron la barrera y se desencadenó la violencia.
La Policía dijo que decomisó a los manifestantes un fusil, gas lacrimógeno, petardos, canicas y hondas. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó el sábado que hay “grupos sediciosos” atizando la protesta con participación de “extranjeros”.
Cochabamba ha sido escenario de violentos choques entre cocaleros afines a Morales y organizaciones cívicas opositoras. Un estudiante murió a golpes en enfrentamientos anteriores. La ciudad tiene una larga historia de esa confrontación.
“Morales está sacando gente armada del Chapare”, aseveró Áñez el sábado en un contacto por Skype con el líder opositor venezolano Juan Gaidó, quien manifestó su respaldo y anunció que en los “próximos días” nombrará un representante diplomático. La embajadora Cris González y otros diplomáticos afines al régimen de Nicolás Maduro, fueron expulsados la víspera.
Desde México donde se halla exiliado, Morales acusó a Áñez de reprimir al pueblo con apoyo militar.
La mandataria anunció, sin detallar, “medidas constitucionales” para frenar la convulsión.en momentos cuando no logra avances para pacificar el país. Mientras el conflicto se alarga, comienza a sentirse escasez de combustible, alimentos y suministros sobre todo en La Paz debido a los bloqueos que impiden el tránsito.
La proclamación de la derechista Áñez como mandataria el martes, en una sesión sin cuórum reglamentario y tras la dimisión de todos los que la precedían en la línea sucesoria, indigna a los seguidores de Morales.
